Patrimonio valora la demolición del cuartel de Fernández Villaverde

El Plan General de Ordenación Urbana de la capital (el PGOU, aprobado en 1997), contempla, entre los instrumentos de protección del patrimonio histórico, esta comisión local. Su objetivo es el seguimiento, desarrollo y ejecución de los Planes Especiales y demás instrumentos de protección del PGOU. Su decisión no es decisiva ni vinculante, ya que su cometido es asesorar al Consistorio en materia de protección. Está compuesto por el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible como presidente; un directivo del área, que el edil designa, como vicepresidente; y siete vocales (técnicos y responsables del urbanismo y del patrimonio municipal, un representante del Colegio Oficial de Arquitectos y un arquitecto designado por la Escuela Superior de Arquitectura). Todos ellos tienen voz y voto.

Gracias a un decreto de la alcaldesa, Manuela Carmena, en el Ciphan también participan, con voz pero sin voto, los representantes de los partidos políticos. La Concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible ha confirmado la reunión, que tendrá que deliberar si “otorga licencia de demolición o no” para un proyecto que “ya tiene aprobado el plan parcial”.

“Consideramos que el plan parcial no se debió aprobar, porque el edificio tiene unos valores históricos, patrimoniales y arquitectónicos que hay que tener en cuenta, y no se tienen”, afirma María de los Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción. Sostiene que es una “irresponsabilidad” permitir la demolición sin que exista aún un convenio de gestión que podría “modificar” el proyecto. La intención de su grupo es “conciliar el derecho de los cooperativistas [a construir] y el derecho de todos los ciudadanos a mantener su patrimonio”. Su organización mantiene el recurso al plan que presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), y que este aún no ha resuelto. Para Nieto, “hace falta modificar el proyecto para concentrar la edificabilidad en una zona de la parcela que no afecte al edificio [construido en 1899]”. Y afirma: “Parece que en el subsuelo pudiera haber restos arqueológicos, pasadizos y túneles que deberían protegerse. Eso no es posible si meten las máquinas”,

“El edificio está sin catalogar”

Sin embargo, el inmueble no goza de ningún tipo de protección, aunque se trata del segundo edificio de hormigón más antiguo de España (después de la fábrica de harinas La Ceres de Bilbao). Mercedes González, concejal del PSOE, considera que “mientras el juez no se haya pronunciado, consideramos que genera bastante inseguridad jurídica que intenten conceder una licencia de demolición. Además, el edificio está sin catalogar”. Y añade: “Nos gustaría que se fuese cauteloso con un tema que ha generado muchos conflictos y que incluso llegó a romper al propio grupo de Gobierno”. Ocurrió el 27 de noviembre, cuando seis de los 20 ediles de Ahora Madrid votaron en contra del plan urbanístico que permite demoler el edificio. PP y Ciudadanos votaron a favor y el PSOE, en contra. Días antes, la alcaldesa había retirado la propuesta del orden del día.

EL PAÍS no ha podido conocer, por el momento, la opinión de los miembros de la cooperativa. El 4 de junio, en una rueda de prensa, denunciaron la demora del proyecto y acusaron a la alcaldesa de no respetar la ley porque, para aprobar el convenio de gestión, ahora el Ayuntamiento les pide “requisitos que no se ajustan a la normativa y que no estaban recogidos en el plan parcial aprobado en noviembre”.