Trabajadoras ilegales de un burdel cambian su declaración a favor del dueño

Ni la fiscalía ni la Inspección de Trabajo dieron credibilidad al testimonio de varias chicas de nacionalidad extranjera, que declararon en el juicio contra el dueño del Club Montparnasse de Meis, Pontevedra, de ser meras trabajadoras del local después de haberlo denunciado por tenerlas sin contrato, una de ellas en situación irregular en España.

Aunque no se juzgaba al propietario del club por un delito de proxenetismo sino contra el derecho a los trabajadores (por tener a 10 chicas de alterne sin estar dadas de alta en la Seguridad Social), la fiscal del caso mantuvo la condena de tres años de prisión para el acusado y el cierre del local durante el tiempo que dure la condena, además de las multas e indemnizaciones por fraude laboral.

La representante del Ministerio Público dejó claro que en este local, ya denunciado en otras ocasiones, no solo se ofrecían servicios de alterne, sino que las habitaciones de la parte superior del establecimiento eran utilizadas por las trabajadoras ilegales para atender con más intimidad a los clientes.

Tres de las diez mujeres dieron la misma versión al afirmar que nunca trabajaron en el club y que iban habitualmente allí para tomarse una copa en el bar, incluso con sus maridos, por eso lo conocían y también a su dueño. Una de ellas dijo que el día que entró la policía para realizar la inspección, y que derivó en esta causa penal, ella había ido al club a llevarle la cena a la recepcionista.

El acusado también negó que su local fuera un club de alterne –como afirmó la fiscalía- y que si de verdad se realizaban este tipo de actividades lo hacían a sus espaldas y sin su consentimiento. Descartó también que las diez mujeres (que fueron identificadas por agentes de la Comisaría de Vilagarcía y varios inspectoras de Trabajo en el interior del local) fueran trabajadoras de su empresa.

Sin embargo, la fiscal mantuvo en el juicio que las diez chicas mantenían una relación laboral con la empresa de la que era administrador único el acusado y considera imposible que no conociese las actividades que se llevan a cabo en su local, sobre todo porque ya había sido objetivo de anteriores sanciones por hechos similares.

También las inspectoras de Trabajo desmontaron la versión del dueño y de las trabajadoras y recordaron que estas habían cambiado su declaración inicial, llegando incluso a firmar un acta el día de la inspección por la que se le impuso una multa administrativa al dueño por importe de 42.000 euros.

Según el informe de Trabajo, las mujeres sí tenían un vínculo laboral con el establecimiento, puesto que cumplían un horario y que una de las empleadas les había explicado cuáles eran las condiciones del trabajo antes de. Una versión muy distinta a la que dieron ayer en el juicio.

Los agentes policiales que asistieron a la inspección del club el 14 de febrero de 2014, admitieron que no habían identificado a ningún varón que aquella noche se encontraban en el club, por lo que quedó la duda de que alguno fuese el marido de alguna de las chicas. Sin embargo sí declararon que ellas estaban en la barra, supuestamente haciendo servicios de alterne para llevarse una comisión por cada copa que el camarero le servía al cliente.