La comisión de investigación denuncia la violación de varias leyes en la venta de pisos de la EMVS

La exalcaldesa Ana Botella autorizó vender a un fondo norteamericano las citadas 1.860 viviendas y que estaban alquiladas a familias sin recursos. En total, la exregidora se deshizo así de una cuarta parte del parque de vivienda pública municipal; su intención era reducirlo a la mitad, pero el PP perdió las elecciones de mayo de 2015. Por entonces, el Ministerio de Hacienda ya alertaba de que la mayoría de desahucios se concentraban en las viviendas vendidas por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital a fondos de inversión.

¿Qué es exactamente lo que ocurrió? Para explicarlo estaban citados esta mañana los principales responsables de esa operación.  A partir de la documentación aportada por el Ayuntamiento a la comisión de investigación (a la que aún le queda otra sesión sobre la EMVS, el 1 de julio), y con grabaciones de antiguas comparecencias de responsables del PP ante el pleno, la concejal socialista Mercedes González ha resumido lo que a su juicio sucedió. Su relato coincide en los puntos clave con el informe elaborado por la Concejalía de Hacienda, que preside Carlos Sánchez Mato (Ahora Madrid), y con las intervenciones del concejal de Ciudadanos Miguel Ángel Redondo.

Lo que sigue son sus conclusiones textuales, refrendadas con la documentación proporcionada por el Ayuntamiento. EL PAÍS no ha podido comprobar todas estas afirmaciones:

"Un incremento desmesurado de la deuda"

>> En los periodos de gestión de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella se produjo el mayor incremento de la deuda de la EMVS. En 2005 era de casi 315 millones de euros; en 2011, cuando Gallardón dejó la alcaldía, era de 526 millones. Analizar ese incremento desmedido era el objetivo de la comparecencia de Juan José de Gracia, que fue consejero delegado de la EMVS desde 2005 a 2011, y luego consejero raso hasta 2015, y por tanto conocedor de las decisiones que llevaron a incrementar la deuda un 167% en 10 años.

>> Uno de los incrementos de deuda muy sustancial se produce por la compra de suelo en zonas con escasa salida comercial. En 2008, la EMVS invierte 100 millones de euros en Valdecarros, un suelo claramente sin expectativas de desarrollo en muchos años, y en suelos terciarios e industriales impropios para el desarrollo de las funciones de la empresa. En total, 126 millones. Decisiones como éstas fueron las que provocaron un aumento notable de la deuda que llevó a la EMVS a tener que hacer un plan de viabilidad en 2013.

Millones de euros en intermediarios

>> En diciembre de 2011, Gallardón es nombrado ministro de Justicia y toma su relevo Ana Botella; Pilar Martínez, concejal de Urbanismo, también se integra en el Gobierno de Mariano Rajoy y asume su puesto Paz González. Como presidenta de la EMVS, González nombra a Fermín Oslé, y este, a su vez, a Rafael Requena y Pablo Olangua. Ninguno de ellos está hoy aquí.

>> El 12 de noviembre de 2012, el Consejo de Administración de la EMVS adjudica contratos de intermediación inmobiliaria para la venta de inmuebles a cinco empresas, contratos que aparentemente no tenían nada que ver con el posterior proceso de enajenación de las 18 promociones de vivienda protegida. Pese a ello, alguna de esas empresas facturó entre diciembre 2013 y enero de 2014 cerca de 2,4 millones de euros por su intermediación en la venta posterior a Blackstone.

>> El 1 de marzo de 2013 se formaliza un contrato con PwC para la elaboración de un análisis del plan estratégico de la EMVS. El 9 de mayo entrega un informe en el que, entre otras medidas, propone la venta de la cartera de 1.860 viviendas protegidas dedicadas al alquiler. Seis días antes, el 3 de mayo, la EMVS ya anuncia en un periódico de tirada nacional la enajenación de 18 promociones con 1.862 viviendas, con 3.430 garajes y trasteros y 25 locales comerciales. Es decir, la EMVS tenía poderes y se adelantaba a lo que su consultora le iba a proponer.

>> Mes y medio antes de la aprobación del plan de viabilidad, la EMVS ya había puesto en venta parte de su patrimonio (las 1.862 viviendas). No se entiende el contrato de PwC, ni el de los intermediarios, ya que todo parece una excusa de una decisión política tomada por el gobierno del PP: deshacerse del patrimonio de la EMVS para hacer caja.

Incumplimiento de leyes y normas

>> El 3 de mayo se anuncia la venta de las 1.862 viviendas, que se produce sin pliego de condiciones ni acuerdo alguno acorde a la Ley de Contratos del Sector Público o a las instrucciones internas de contratación aprobadas por el Consejo de Administración de la EMVS en 2008, aún hoy vigentes. Y sin mención alguna al reglamento interno de adjudicación de la EMVS, aprobado por el pleno municipal en 2012, o a la Ley regional del Suelo.

>> Tan sólo 11 días después del anuncio de venta, el 14 de junio, se reciben cuatro ofertas en la EMVS: Azora-Morgan Stanley (118,5 millones de euros); Blackstone (127,5 millones); Lone Star (120 millones, aunque luego se descartó); y HabourGroup-Alvarez & Marsa (130 millones).

>> El 20 de junio, con una agilidad inusitada, se emite el informe de valoración de las ofertas recibidas, firmado por Olangua y Requena, en el que se propone adjudicar las viviendas a Blackstone por 127,5 millones, a pesar de que la oferta más alta es de Habour Group-Alvarez & Marsal por 130 millones.

>> A partir de ahí se inicia una negociación en exclusiva con Blakstone, que culmina el 12 de julio con una rebaja de dos millones en el precio ofertado, justificada en una supuesta morosidad en el pago de las rentas por los inquilinos, que no consta en ninguna documentación aportada por la EMVS.

>> Durante todo el proceso jamás se informó a las 1.860 familias que vivían de alquiler en las 18 promociones del proceso de venta, contraviniendo lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas al ser claramente interesados. Tampoco se les hicieron las correspondientes ofertas de venta, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de adjudicación de viviendas de la EMVS, que debían quedar desiertas para poder producir la venta a una persona jurídica.

>> Sólo este año caducan 351 alquileres de esas promociones; en 2017 caducan otros 352, y en 2018 otros 690. Pero, como es evidente, para Botella esto no fue un problema cuando gobernaba y no lo es hoy, cuando debería haber venido aquí a contarnos por qué lo hizo.

El papel de dos concejales del PP

>> El 3 de mayo se había anunciado pues en un periódico la enajenación de las 18 promociones, que incluían 1.208 viviendas de protección pública en régimen de alquiler, cuya calificación se extendía hasta 2020; y 652 viviendas de protección pública en régimen de alquiler con opción a compra, cuyo régimen de protección se extendían hasta 2017 y 2018. Por consiguiente, para la venta se necesitaba la preceptiva autorización de la Comunidad de Madrid.

>> Sin embargo, no se solicita hasta el 25 de julio la autorización de la Comunidad y su renuncia al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto. Justo dos días antes, había entrado en vigor la modificación del artículo 18 del reglamento de viviendas protegidas de la Comunidad, un cambio que permitió salvar la operación y abrió la puerta al fondo para vender las viviendas protegidas sin tener que esperar cinco años. Es decir, se hizo un traje a medida para los fondos.

>> Las autoridades de la Comunidad no sólo no velaron por el cumplimiento de las leyes y normas, sino que colaboraron activamente modificando el reglamento regional y mirando hacia otro lado. Nos hubiera gustado escuchar las explicaciones de Pablo Cavero, que fue consejero de Vivienda entre 2012 y 2015; de Borja Carabante, viceconsejero de Vivienda entre 2012 y 2015; de Juan Van-Halen, director regional de Vivienda entre 2007 y 2013; y de Ana Gomendio, directora regional de Vivienda entre 2013 y 2015.

Los políticos que tenían que haber comparecido hoy, además de Botella, alcaldesa de la capital (2012-2015), eran Pablo Cavero y Borja Caravante, concejales desde mayo de 2015; Ana Gomendio, ex consejera regional de Vivienda; Juan Van Halen, ex director regional de la Vivienda; Fermín Oslé y Juan José de Gracia, ex consejeros delegados de la EMVS; Paz González, ex concejal de Urbanismo; Rafael Requena, ex director de Servicios Jurídicos de la EMVS; Javier Tena, interventor de la EMVS; y Pablo Olangua, ex director de Gestión de la EMVS.