Santiago aprueba la renta municipal para personas vulnerables

Con tres días de diferencia con respecto al de A Coruña -determinados por la fecha fija de celebración de cada pleno- el Ayuntamiento de Santiago se convierte igualmente en pionero en España en ofrecer prestaciones sociales municipales de carácter temporal a personas en situación de vulnerabilidad. En ambas ciudades, las ayudas, a partir de los 532 euros mensuales, son ampliables en función de los miembros de la unidad familiar. Pero si en A Coruña la Marea Atlántica que encabeza el alcalde, Xulio Ferreiro, no consiguió el encaje legal para incluir por el momento entre los destinatarios al colectivo de los inmigrantes sin papeles, Compostela Aberta sí lo ha hecho. El grupo de gobierno que preside Martiño Noriega consiguió este jueves la aprobación inicial de la Renta Municipal de Garantía Básica (la ordenanza Compostela+) con los votos favorables de PSOE y BNG y la abstención del PP. La medida, dotada con una partida de 1,2 millones de euros con cargo a los presupuestos de 2016, pretende cubrir las necesidades básicas de las personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo a las endeudadas por los gastos de luz y gas. Entre los destinatarios están también los “vecinos de nacionalidad extranjera con residencia en Compostela aunque no estén en una situación administrativa regular”.

Por lo demás, las prestaciones son similares. Compostela + incluye una duración la renta de 12 meses prorrogables a 24, previo informe favorable de los servicios sociales municipales (en A Coruña el tope máximo es de seis meses prorrogables a año y medio en caso de persistir la necesidad) con el objetivo de “hacer real el derecho de las personas a un nivel de vida adecuado que le garantice la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica”.

La renta de garantía básica pretende paliar además la pobreza energética aportando hasta 1.065 euros para hacer frente a gastos de endeudamiento por suministro de luz o gas e incluye, excepcionalmente, ayudas para prótesis oculares o auditivas por problemas sanitarios diagnosticados por facultativos del sistema público. Junto a ello, contempla la prestación para el fomento del derecho a la educación para estudios de postgrado obligatorios (cubrirás gastos de manutención y transporte) y prestaciones para salud bucodental.

La concejala de Políticas Sociales, Concha Fernández, mostró su satisfacción por la aprobación de la ordenanza aunque para su aprobación definitiva deberá someterse de nuevo a votación de los grupos en el mes de julio. Las prestaciones sociales de ambas ciudades -que se plantean como complemento a la Renta de Inserción Social autonómica, Risga, se aprueban al año de la llegada a los respectivos gobiernos municipales de las candidaturas de unidad popular y se adelantan a otras similares que preparan otros ayuntamientos españoles.