El proceso soberanista suma otra víctima y parte en dos a la CUP

La CUP exhibió ayer la latente división que arrastra desde la frustrada investidura de Artur Mas y que culminó con el veto al proyecto de presupuestos. La crisis de la organización, fracturada entre quienes priorizan el anticapitalismo y quienes priman la secesión, estalló de forma virulenta con la dimisión de 6 de los 15 miembros del secretariado. El grupo acusa a la cúpula de haber actuado de forma poco democrática y condicionado los debates clave. El cisma es un balón de oxígeno para Junts pel Sí, que depende de la CUP para sostener la legislatura.

La crisis le viene como anillo al dedo a la coalición formada por Convergència y Esquerra, que necesita el apoyo de al menos dos diputados de la CUP para no tirar por la borda la legislatura. Tras el veto a los presupuestos, el president Carles Puigdemont anunció que se sometería en septiembre a una cuestión de confianza. El debate pondrá de nuevo toda la presión sobre la CUP, que tendrá en sus manos prolongar la legislatura o forzar otras elecciones —las cuartas desde 2010— en otoño.

Con la fractura, con aire de cisma, el proceso soberanista amenaza con cobrarse una nueva víctima. El pulso independentista ha actuado como una falla en el arco político generando la ruptura de la histórica federación de Convergència y Unió —convertido este último en extraparlamentario—, el PSC —que sufrió una escisión soberanista— o Iniciativa, subsumida ahora en En Comú Podem.

El rechazo a las cuentas ha causado estragos y agudizado una crisis latente entre las dos almas de la CUP: la anticapitalista, refractaria a pactar con CDC, encarnada en el grupo Endavant!, al que pertenece la diputada Anna Gabriel—, y la que considera que la secesión es prioritaria, de la corriente Poble Lliure. Consciente de la división, el secretariado anunció oficialmente que el lunes iniciará el proceso de renovación de sus 15 miembros ante el “intenso” debate que se avecina en otoño con la cuestión de confianza.

Duros ataques

Esa versión desató la caja de los truenos al considerar los dimitidos que ese relato es “cínico”. La agenda marcaba que el secretariado dimitiría en bloque y la renuncia de los seis miembros es, a efectos prácticos, irrelevante. Lo trascendente es que, por primera vez, han aireado, a través de una carta, que publicó el diario Ara, la grave crisis interna. Poble Lliure ya pidió esta semana que la militancia y los diputados votaran en referendos las decisiones claves.

Pero esas críticas son casi un juego de niños comparados con las acusaciones de Ester Rocabayera, Guim Pros, Joel Jové, Omar Diatta, Roger Castellanos y Tomàs Sayes. En un durísimo escrito, los firmantes acusan a la dirección de haber actuado de forma “maquiavélica y sectaria” en la investidura y los presupuestos. “La batalla por el control de la organización ha condicionado la mayoría de los debates, la selección de liberados y de miembros del grupo parlamentario”, dicen. El grupo alude a “disfunciones democráticas” y que se ha “jugado” con mecanismos para interpretar “interesadamente” o incumplir los estatutos y dificultar el concurso de la militancia. Avisan que la CUP se ha alejado de su principal objetivo que era acelerar el proceso. Y añaden que las “peligrosas vacilaciones estratégicas” han provocado un goteo constante de pérdida de militantes.

La dirección lamentó las dimisiones —eso sí: dijo que no asistieron a una cita del lunes— y apunta que actuó con garantías democráticas. Falta ver cómo afecta el proceso a los 10 diputados, convertidos, por la peculiar forma de organización de la CUP, en invitados de piedra. Poble Lliure se desmarcó de las dimisiones y las consideró fruto de una “decisión personal”, informa Europa Press.