Se acaba la fiesta

La que parecía alegre e imparable carrera hacia la independencia de Cataluña ha dejado de ser una fiesta. Para evitar su interrupción, ha habido que hacer sacrificios tan inesperados como el de apear al impulsor del proceso, Artur Mas, de su pedestal, la presidencia de la Generalitat. Algunos de los principales dirigentes independentistas están encausados ante la Justicia. El Gobierno catalán lleva ya cuatro años paralizado, sin cumplir otra función que la de actuar como pagadora de los sueldos de los funcionarios.

El consejero de Finanzas ha debido arrodillarse ante el Ministro de Hacienda y mendigarle el dinero para pagar esos sueldos. El partido que creía dirigir la operación de convertir a Cataluña en un Estado soberano, Convergència Democràtica, se ha dividido irremediablemente y ha retrocedido en las elecciones municipales y legislativas. Para mantenerse a flote, esa misma CDC ha debido recurrir a una peligrosa alianza con una Esquerra Republicana que en cada convocatoria electoral le va rebanando hegemonía en el ámbito nacionalista.

Por si fuera poco, esta alianza ha resultado insuficiente para lograr la independencia en las urnas y ha obligado a los dos aliados a recabar, además, el apoyo parlamentario de una tercera fuerza, la CUP, que se lo ha prestado con tan poca convicción como para que, al cabo de solo medio año, haya dejado al Gobierno en minoría en la votación de los presupuestos de la Generalitat. La CUP cree que el Gobierno Puigdemont-Junqueras no está dando los pasos adecuados para llevar a Cataluña a las puertas de la independencia en el plazo previsto en su programa, otoño de 2017. Cree que no es de fiar.

Lo pertinente tras el rechazo del proyecto de presupuestos en el Parlament hubiera sido que el presidente Puigdemont hubiera presentado la dimisión de inmediato y el Gobierno hubiera quedado en funciones mientras se negociaba la formación de otro, rehaciendo la recién destruida mayoría parlamentaria o buscando la formación de otra. Pero no, como si todavía todo fuera una fiesta, el Gobierno Puigdemont-Junqueras continúa en pie, como si todo fuera de mentirijillas, al menos hasta septiembre. Mejor dicho, confirmando que casi todo es de mentirijillas.

¿Por qué iban a actuar Puigdemont-Junqueras de otra forma? La situación de Puigdemont no es muy distinta de la del otro presidente, este sí oficialmente en funciones, Mariano Rajoy, que también actúa como si todo fuera de mentirijillas. Rajoy y su partido, el PP, se presentan a unas elecciones generales, como si nada tuvieran que ver con el más asombroso cúmulo de desatinos políticos imaginables acaecidos bajo su mando. Como si la Justicia española no tuviera encartados a cerca de un millar de miembros de su partido, y al partido mismo, en una alucinante maraña de corrupciones que implican a un exvicepresidente del Gobierno, a presidentes de comunidades autónomas, de diputaciones provinciales, exministros, diputados, senadores, alcaldes, concejales altos dirigentes del partido como los tres extesoreros y el propio Rajoy, en su calidad de líder del tinglado.

¡Y se presenta a unas elecciones con el argumento de que España necesita un gobierno serio, tan serio como solo el PP puede garantizar! Quienes eso dicen son los que cobraban en negro parte de sus sueldos y subían los impuestos a las tres semanas de haber prometido que los bajarían. Los que se presentan como garantes de la estabilidad de España y han llevado al independentismo catalán del 20% de los votos al 47%. Los que iban a acabar con el paro que cuatro años después sigue manteniendo sin trabajo a la mitad de los jóvenes del país.

Si Rajoy tiene la osadía de presentarse de nuevo a las elecciones después de haber comprobado que ningún otro partido quiere asociarse con él, bajo ningún concepto, ¿por qué Puigdemont-Junqueras tienen que sentirse aludidos por bagatelas como quedarse sin presupuesto de la Generalitat? Es un contexto general en el que parece que los viejos partidos hayan desconectado de la realidad. Incluso la oposición se contamina. Algunas de las más potentes voces del viejo partido socialista abogan por convertirlo en la bisagra de la nueva situación, atendiendo a la demanda del PP. Perdida ya su condición de alternativa, el socialismo serviría ahora para sostener, en unos casos, a gobiernos de izquierdas, como en los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, por ejemplo, y en otros casos a gobiernos de la derecha, del PP, si el día 26 resultara ser el más votado, ¡aunque en las Cortes hubiera mayoría de izquierdas!