El hospital Virgen de la Poveda cede recursos públicos al Rey Juan Carlos sin autorización

Desde 2015 el hospital público Virgen de la Poveda, en Villa del Prado, comparte servicios de laboratorio, radiología y teleconsultas con el concesionario Rey Juan Carlos (HRJC), situado a 51 kilómetros, en Móstoles y de gestión privada. Y lo hace con un acuerdo gratuito entre sus gerentes, a pesar de que un informe de la Consejería de Sanidad lo vetaba: “No es aceptable. Faltan por definir algunos aspectos expuestos de manera imprecisa o incluso ausentes”.

 Una resolución reciente de Sanidad aclara que los “proyectos de alianza” deben ser suscritos por los gerentes y un director general, y en este falta la firma de este último. Un portavoz de Sanidad indica que el pacto se van a revisar y “si se detectan anomalías, será modificado”.

El sindicato sanitario MATS requirió en mayo a Sanidad que revocara el acuerdo, en un escrito al que ha accedido EL PAÍS. Considera que es desequilibrado, porque el hospital público “se compromete a ceder sus instalaciones radiográficas y sus infraestructuras” de forma gratuita, mientras que el concesionado aporta solo trabajos en su laboratorio. Además, aunque ambos centros “se comprometen a dotar de medios humanos”, el único técnico de radiografía es de La Poveda y cede la mitad de la jornada al Rey Juan Carlos. Un portavoz de este último insiste en que el motivo del acuerdo es evitar que los pacientes se desplacen 51 kilómetros.

La Poveda no tiene un médico que valide sus análisis de laboratorio y los envía al privado, que se ocupa también de algunas pruebas complejas. “¿Por qué no se utiliza el laboratorio de Alcorcón, público e infrautilizado, con capacidad para atender a todo el sur de la región?”, se pregunta el diputado socialista José Ángel Chamorro, que llevará el caso a la Asamblea. “En el convenio no aparecen garantías o penalizaciones si no se cumple el acuerdo”, se escandaliza Chamorro.

El convenio, firmado en vísperas de las elecciones autonómicas a pesar de que Sanidad había tumbado el proyecto siete meses antes, incide en que lo firman “hospitales públicos de la red sanitaria única de utilización pública”. Pero no es un pacto entre iguales. La Poveda, dedicado a larga estancia, es 100% de la Comunidad, mientras que Rey Juan Carlos es un negocio de un consorcio y actúa como una concesionaria que presta durante 30 años los servicios no sanitarios y sanitarios.

La consejería echó en falta que antes de firmar un acuerdo no se hiciese un estudio de las poblaciones que se podían beneficiar. Disgustó también que “no se concretan los métodos de comunicación de resultados y el envío de muestras entre ambos hospitales” o que no se detalle “la dotación de medios humanos”.

Sanidad “no llega a entender” tampoco que La Poveda esté obligado “a recabar el visto bueno del HRJC para colaborar con otros”. Y le alarma que se creara “una comisión” con los dos gerentes, pero no se mencione que deban existir en ella vocales o un secretario para dar fe de las actas del pacto.

En el acuerdo no figura “cómo se va a realizar el registro de las actividades, cuáles se van a medir y qué información se va a dar”, reprende Sanidad. Ni se recaba la opinión de entidades afectadas por el pacto: Atención al Paciente, Análisis de costes o Sistemas de información.