El Canal destituye a dos directivos por la compra de una sociedad en Brasil

El organismo pagó 21 millones por una empresa que una año después valía cinco

El consejo de administración de Canal de Isabel II Gestión aprobó ayer el cese de la directora Financiera y de Desarrollo de Negocio, María Fernanda Richmond, y del director de Recursos, Fernando Cevallos, por "pérdida de confianza" por su participación en la compra de la empresa brasileña Emissao.

Fue en una reunión extraordinaria del Consejo de Administración, en la que se acordó que la Dirección Financiera y de Desarrollo de Negocio sea asumida de modo interino por el actual subdirector financiero, y la Dirección de Recursos por el actual subdirector de esta área, según ha explicado el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, en rueda de prensa.

Garrido ha explicado que Richmond y Cevallos eran miembros del Consejo de Administración de Canal Extensia (filial de Canal de Isabel II para América) cuando esta compró la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, SA Ltda en noviembre de 2013, una compra que está en cuestión porque se han observado "procedimientos que entendemos como anómalos".

Y esa sospecha de anomalías, ha dicho, se ha trasladado a la auditoría interna de la compañía, para que redacte un escrito y, "si procede, lo eleve a la Fiscalía". Se está analizando, en concreto, documentación relativa a las fechas y plazos de compra de esta empresa, el importe de la misma y las fórmulas de pago, si bien Garrido no ha querido entrar en detalles porque la auditoría interna aún no ha terminado de redactar su escrito.

El Gobierno regional, presidido entonces por Ignacio González, pagó 21,4 millones por esta sociedad, que un año después tenía un valor contable de cinco millones, cuatro veces menos, según informó hace unas semanas El Confidencial.

"No era razonable que dos personas que tomaron parte activa en estas decisiones sigan como directivos de Canal Gestión, y por eso se ha tomado esta decisión", ha explicado Garrido, para quien no hubo la "diligencia debida", porque "faltaba información más exhaustiva para poder tomar una decisión de esas características con pleno conocimiento de causa".

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