El Consell presenta la ley de la Agencia Valenciana de Seguridad
El Ejecutivo critica la petición del PP de acceder a todos los expedientes de menores tutelados y mujeres maltratadas en 2015

El Gobierno valenciano ha dado hoy luz verde al anteproyecto de ley de creación de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), un organismo autónomo que gestionará las competencias de interior, seguridad pública, protección ciudadana y coordinación de policías locales y que estará adscrita a Presidencia de la Generalitat. Este departamento será el encargado de gestionar la Policía Valenciana, la unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Administración autonómica.
La Agencia Valenciana de Seguridad asumirá también la mejora de la formación de la Policía Local, Protección Civil, gestión de emergencias, extinción de incendios, salvamento y la representación de la Generalitat en los consorcios de bomberos y en el Consejo de Seguridad Nuclear.
La portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha explicado que con la creación de esta agencia se implantará un nuevo modelo de organización y coordinación en materia de seguridad y respuesta ante emergencias, ya que será el único ente competente en la materia.
De este nuevo organismo dependerán los programas de protección civil, el plan territorial de emergencias, los protocolos del Centro de Coordinación de Emergencias y el 112 y el registro autonómico de planes de autoprotección.
Por otro lado, el pleno del Consell ha aprobado también hoy un proyecto de ley que actualiza y unifica la normativa en materia de pesca y acuicultura y ha emitido su criterio desfavorable contra la tramitación en las Cortes de una proposición de ley sobre Señas de Identidad presentad por el PP.
Durante la rueda de prensa posterior, Oltra ha criticado al Grupo Popular en las Cortes Valencianas por solicitar copia de todos los expedientes de menores tutelados por la Generalitat en la Comunidad Valenciana, así como los de las mujeres maltratadas correspondientes al año 2015.
Una petición que afecta a más de 4.000 expedientes y que, en su opinión, no está justificada salvo por un intento de querer colapsar la gestión del Consell. Tras consultar con la Abogacía de la Generalitat, Oltra ha indicado que se dará vista a las dos parlamentarias que han hecho las solicitudes, Blanca Garrigues y María Bernal, aunque se les advertirá de que se trata de datos sensibles, especialmente protegidos, que no podrán hacer públicos ni ahora ni al acabar el mandato.
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