La defensa estática de Rita Barberá

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La exalcaldesa de Valencia Rita Barberá mantiene una defensa estática frente a los escándalos de supuesta corrupción que la acosan. El juez que instruye el caso Taula, Víctor Gómez, ha pedido al Tribunal Supremo que impute a la hoy senadora por blanqueo de capitales. Una investigación que ha ganado peso al ampliarse a la supuesta financiación ilegal (delito electoral) del grupo municipal del PP. Y la Fiscalía de Valencia ha enviado al ministerio público del alto tribunal la denuncia que recibió por supuestas irregularidades en el pago de comidas y viajes, el llamado Ritaleaks. Desde que estalló la operación Taula en enero Barberá ha respondido lo mínimo a las acusaciones, para negarlas. No participará en la campaña electoral. Y apenas se deja ver.

Su estrategia se basa, según observan fuentes de la acusación y las defensas de Taula, en esperar que los indicios contra ella resulten insuficientes para un tribunal. Como ha sucedido antes.

El precedente inmediato es el caso Nóos. Barberá se libró de sentarse en el banquillo contra el criterio del juez de Palma José Castro y de la Fiscalía Anticorrupción. Pagó los platos rotos Alfonso Grau, que fue su vicealcalde y sí está siendo juzgado. Ahora, en el caso Taula, el papel de Grau lo interpreta María del Carmen García-Fuster, la mujer fuerte de Barberá en el Ayuntamiento, con quien en la práctica comparte defensa letrada, y que es el eslabón más expuesto ante el juez.

García-Fuster fue hasta enero secretaria general administrativa del grupo municipal del PP, responsable de organizar y llevar la gestión económica de la bancada popular. Según Anticorrupción, ello incluía manejar la caja b del grupo, a la que iba a parar el dinero negro procedente del cobro de mordidas. Los indicios contra Barberá por blanqueo no son contundentes —otra cosa es por financiación ilegal—. Pero contra García-Fuster sí lo son.

Los pinchazos telefónicos, las declaraciones de testigos, la confesión de dos imputadas, la contabilidad manuscrita de las cuentas bancarias que administraba y desde las que pagaba actos electorales de espaldas al Tribunal de Cuentas, así como su propia comparecencia ante el juez sitúan a García-Fuster en una situación delicada según las fuentes. Es una de las cuatro personas —entre los más de 150 imputados del caso— para quien la Fiscalía ha pedido prisión provisional.

Barberá lleva seis meses casi desaparecida de la vida pública. Fue muy poco al Senado. No participará en la campaña del 26J —su escaño no está en juego por ser de designación territorial—. Y permanece ausente de la actividad política tanto en Madrid como en Valencia, ciudad que gobernó 24 años. Pese a estar imputados por blanqueo, a sus antiguos compañeros de grupo municipal se les puede ver estos días en movilizaciones como la que mantiene la escuela concertada contra la política educativa del Gobierno valenciano. A Barberá no. Ha negado de palabra y por escrito haber participado en el blanqueo. De las onerosas comidas y viajes fuera de su agenda oficial del Ritaleaks ni siquiera ha aceptado hablar.

En sus comparecencias para negar el blanqueo —se le atribuye como al resto del grupo municipal haber donado 1.000 euros al PP y haberlos recibido en metálico de fondos de origen ilícito—, Barberá ha defendido a García-Fuster pese a las evidencias contra ella. Y ha reivindicado su amistad.

Sobre el papel, el abogado de García-Fuster es el cuñado de la exalcaldesa José María Corbín. Y la letrada de Barberá es la hija de Corbín, que trabaja en el despacho de su padre. En la práctica se trata de una defensa compartida, aseguran fuentes del caso y admite el propio Corbín. Este llegó a pedir al juez instructor que informara al Supremo sobre el contenido del interrogatorio a Grau al considerar que beneficiaba a la exalcaldesa.

"No es solo que la defensa de García-Fuster coadyuve con la de Barberá, sino también con la de los demás imputados. Porque todos están en la misma circunstancia. Donaron 1.000 euros y dicen que se les devolvió, lo cual no es cierto", afirma el letrado. Su hija y letrada de la exregidora, Rita Corbín, agrega que no solo a García-Fuster sino a todos los investigados —imputados— por blanqueo, que son 47 personas físicas y el PP, les interesa que el Supremo rechace investigar a la exalcaldesa.

José María Corbín considera que la acusación por blanqueo es débil. Fuentes de la Fiscalía reconocen que no es sencilla. Pero añaden que la investigación está en marcha, y que se trata de construir una figura casi nueva, porque la jurisprudencia sobre blanqueo se limita prácticamente a casos de narcotráfico.

El procedimiento judicial ha mutado, además, hacia una investigación por supuesta financiación ilegal. En esta los indicios contra Barberá y el resto de implicados son mayores, una vez que el Tribunal de Cuentas ha confirmado la opacidad de la cuenta bancaria en la que los miembros del grupo municipal ingresaron los 1.000 euros del supuesto blanqueo, desde la que se pagaron actos electorales en 2015, y a través de la cual el partido recibió cuantiosas donaciones anónimas durante más de una década. Una opinión en la que coinciden tres fuentes de la defensa y la acusación.

"Ahora estamos en una causa por blanqueo. Lo que pueda pasar mañana no lo sé", responde Corbín a la pregunta sobre la relevancia de la investigación por financiación ilegal antes de arrepentirse de haber empezado a argumentar sobre los plazos de prescripción y dar cordialmente la conversación por terminada.