_
_
_
_

Comín entierra el plan de venta de datos sanitarios anónimos ideado por Boi Ruiz

El consejero de Salud fulmina el VISC+ y anuncia un nuevo proyecto de gestión pública para explotar el big data sanitario

Jessica Mouzo
El consejero de Salud, Toni Comín, en el Parlament
El consejero de Salud, Toni Comín, en el ParlamentCarles Ribas

Del plan de venta de datos sanitarios anónimos que ideó el exconsejero de Salud, Boi Ruiz, no va a quedar ni el nombre (se llamaba VISC+). El actual titular del Departamento de Salud, Toni Comín, reveló ayer en el Parlament que “aquel VISC+ que se creó en la pasada legislatura no existe”. Según Comín, incluso “la marca y el nombre han caducado”. El consejero cristalizó así un cambio de postura para alejarse de la sombra del anterior gobierno, que levantó ampollas entre la sociedad civil por la “opacidad” y las sospechas de “mercantilización de la sanidad” que acompañaron a su gestión. En lugar del VISC+, el titular de Salud anunció un nuevo proyecto de gestión pública para explotar el llamado big data sanitario con fines científicos.

En sus inicios, el VISC+ se ideó para comercializar con información médica anónima y se preveía adjudicar su gestión a través de un concurso público por 25 millones de euros. Sin embargo, la presión social obligó a frenar el diálogo competitivo organizado por Salud entre varios grupos empresariales interesados y a guardar en el cajón el concurso. Salud redimensionó el proyecto, aceptó asumir su gestión y, en una primera fase, limitar el acceso a los datos sólo a centros de investigación pública. Dejó sin aclarar, sin embargo, los actores que intervendrían en la segunda fase.

Comín asegura que al nuevo programa de big data sanitario "sólo podrán acceder los centros de investigación públicos o sin ánimo de lucro"

El VISC+ tendría que estar ahora parado, por orden parlamentaria, a la espera de una jornada participativa con todos los actores sociales para discutir el proyecto. Pero, pese a la moción aprobada la legislatura pasada, el VISC+ siguió adelante y, tal y como reveló EL PAÍS, Salud cedió datos anónimos a una decena de centros de investigación públicos en los últimos meses con Boi Ruiz al frente de Salud.

Con su decisión, Comín entierra uno de los grandes conflictos a los que se tuvo que enfrentar Ruiz y cumple una de las medidas pactadas en el plan de choque de Junts pel Sí y la CUP. Pero el consejero no renuncia a explotar el big data sanitario. De hecho, ante una interpelación de la diputada de CSQEP, Marta Ribas, anunció que próximamente celebrará la esperada jornada participativa sobre el big data sanitario. Comín explicó que quiere poner en marcha un nuevo proyecto que, bajo el control público, reutilice la ingente cantidad de información que genera el sistema sanitario. “Uno de los compromisos es que la gestión del big data no se externalizará, se hará desde el propio AQuAS [la Agencia de Calidad y Evaluaciones Médicas, que es de titularidad pública]”. El consejero aseguró que el nuevo plan “ha cambiado sustancialmente” con respecto al VISC+.

El titular de Salud indicó que “sólo podrán acceder a los datos los centros de investigación de titularidad pública o sin ánimo de lucro acreditados como centro CERCA” y serán “comités éticos de investigación clínica” los que estudien y decidan qué proyectos de investigación podrán hacer uso de los datos. Comín también explicó que los centros seleccionados accederán “al mínimo imprescindible de datos necesarios para llevar a cabo la investigación” y, en cualquier caso, los usuarios podrán presentar su rechazo a participar. Para evitar más suspicacias, Comín dejó claro que quiere que haya “unos órganos de vigilancia y gobernanza externos e internos” que velen por la transparencia de la gestión.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Comín también aseguró que estudiará los límites de la anonimización y de la confidencialidad, uno de los elementos que más se pusieron en tela de juicio durante la creación del VISC+. Los detractores del plan temían que se pudiese personalizar la información anonimizada.

El consejero no respondió a Ribas cuando lo inquirió sobre el presupuesto asignado para desarrollar el nuevo plan. Sin embargo, las cuentas de la Generalitat, pendientes de aprobar, cuentan con una partida de 1,2 millones dentro del plan de choque social para “promover un programa público de big data sanitario”.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Sobre la firma

Jessica Mouzo
Jessica Mouzo es redactora de sanidad en EL PAÍS. Es licenciada en Periodismo por la Universidade de Santiago de Compostela y Máster de Periodismo BCN-NY de la Universitat de Barcelona.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_