El juez de Taula imputa por falsas contrataciones a otras 28 personas
El magistrado atribuye a Rus y otros acusados fraude, malversación, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad
El juez que investiga el caso Taula ha imputado a 28 personas por las falsas contrataciones de personal en la gran empresa de la Diputación de Valencia, Impulso Económico Local Sociedad Anónima (Imelsa). El juez atribuye a los acusados, entre ellos el expresidente de la Diputación y del PP provincial Alfonso Rus, los supuestos delitos de fraude, malversación, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad.
El magistrado ha creado una pieza separada para investigar la existencia de un grupo de trabajadores falsos —que cobraban sin a su puesto— o que accedieron a la empresa pública de forma irregular. En otras partes del caso se investiga la existencia de una trama del 3% que cobraba presuntamente mordidas a cambio de adjudicaciones públicas y un delito de blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia, que el instructor atribuye a medio centenar de personas, entre ellas la exalcaldesa y senadora Rita Barberá.
El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha informado del nombre de varios de los imputados —investigados— en esta nueva pieza separada. Entre ellos no figuran dirigentes de partidos diferentes del PP, algunos de los cuales sí fueron llamados a declarar por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para ser interrogados al principio de las pesquisas.
Entre los imputados en la investigación por los trabajadores zombis se encuentran, además de Rus, su exjefe de gabinete Emilio Llopis, el exgerente de Imelsa Marcos Benavent —que colabora desde hace más de un año con la justicia—, la anterior responsable de Recursos Humanos y el empresario de comunicación y servicios José Adolfo Vedri.
Un total de 15 imputados en la nueva pieza separada del caso Taula lo son por "contratos ficticios", según el Tribunal Superior valenciano. Y ocho, como consecuencia de "las indemnizaciones que percibieron al extinguirse su vínculo personal" con la empresa pública.
El auto señala que existen indicios de que se produjo alguna clase de "maquinación concertada" entre la empresa pública y los trabajadores investigados para que estos cobraran altas indemnizaciones que implicaron un "innecesario y arbitrario enriquecimiento" de los mismos a costa de fondos públicos.
Dos de los imputados en la pieza separada eran trabajadores de Vedri, e Imelsa habría estado pagando sus sueldos, según apunta el juez. Otro de los investigados era jugador de fútbol del Olímpic de Xàtiva, club que presidía Rus, el cual era además alcalde de esta localidad. La empresa de Vedri, Engloba, ha sido incluida en el procedimiento como posible responsable civil subsidiario, al igual que el club de fútbol de Xàtiva.
Prórroga del secreto
El magistrado ha prorrogado el secreto de sumario para la mayor parte de la causa, en la que se investiga la actividad de una presunta organización criminal vinculada al PP valenciano que habría cobrado mordidas a cambio de la adjudicación de cientos de contratos públicos en la Generalitat —especialmente en su sociedad dedicada a construir colegios—, la Diputación de Valencia y Ayuntamientos, como el de Valencia. Parte del dinero así obtenido habría servido para financiar al partido.
El juez Víctor Gómez justifica la decisión de mantener el secreto en "la complejidad de los delitos investigados y en el hecho de que aún no ha concluido el volcado de la información hallada en soporte informático en los registros domiciliarios, información de la que podrían surgir nuevas pruebas o líneas de investigación", según ha informado el Tribunal Superior valenciano.
En el conjunto del caso Taula hay más de 115 investigados por delitos de malversación, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad, blanqueo de capitales y prevaricación. Cerca de medio centenar integran o formaban parte el año pasado del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia.
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