Las entidades sociales piden un “debate serio” sobre las modificaciones del IRPF

A las diferentes propuestas —incluso contradictorias— de ajustes fiscales que han lanzado esta semana tanto Esquerra como Convergència les han salido críticas por la izquierda. Entidades sociales y expertos piden que haya un “debate serio” sobre el sistema impositivo y la redistribución de la riqueza. “Esperamos que esto no se convierta en moneda de cambio electoral”, pidió Xavier Casanovas, de la Plataforma por una Fiscalidad Justa. El cruce de reproches en el seno de Junts Pel Sí continuó ayer por boca del eurodiputado Ramon Tremosa, que calificó de “electoralista” la propuesta republicana de subir el IRPF a las rentas altas.

Desde ERC se ha propuesto una subida del tramo autonómico del IRPF a las rentas más altas para compensar una bajada en las más bajas. En Convergència, por otro lado, defienden que el programa electoral de la coalición independentista hablaba de una rebaja del gravamen a los contribuyentes con menos ingresos. Una de las resoluciones del último pleno contra la pobreza insta a crear figuras fiscales y a mejorar las existentes para “garantizar una mejor progresividad del sistema”.

Casanova considera una buena noticia que se empiecen a considerar más elementos progresivos dentro de la política fiscal, pero cuestiona que la reflexión se limite al IRPF y no se extienda al menos a otros tributos en los que Cataluña tiene competencias. “Se ha de mirar todo el conjunto, se necesita un debate serio”, asegura el portavoz de Fiscalidad Justa. “No se deberían lanzar ideas o globos sonda sin tener la propuesta completa, no se puede jugar con algo tan serio”, critica.

La proximidad de las elecciones generales hace inevitable que el tema forme parte de la campaña. Desde la Mesa del Tercer Sector consideran que la reforma fiscal debería ser uno de los temas centrales de los debates y reivindican un impuesto negativo, que volverán a presentar a los candidatos catalanes para el 26-J. “Una reforma parcial lo único que hace es limitar el debate. La pregunta aquí es si el sistema fiscal es efectivo o no y la lucha contra el fraude”, sostiene Oriol Illa, presidente de la Mesa. El impuesto negativo propuesto por las entidades sociales, además de gravar las grandes fortunas, implica que las personas que actualmente no declaran renta por sus escasos ingresos perciban un porcentaje de la diferencia entre su renta y el tope mínimo exento para declarar.

Argumento dudoso

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, justificó la propuesta de rebaja para echar un capote a los colectivos más necesitados. Un argumento que José Antonio Noguera, profesor de Sociología de la UAB y miembro de la Basic Income European Network, considera dudoso, pues las familias en peor situación tienen unos ingresos tan bajos que no superan el mínimo para declarar.

“El principal pero que se pone en el Parlament a la Iniciativa Legislativa Popular sobre una Renta Garantizada es que no hay ingresos y Junqueras calcula que bajar el IRPF, dependiendo de la renta, costaría 650 millones de euros”, explica Noguera. “Si se quiere realmente llegar a los hogares más pobres ese dinero debería usarse para crear una renta de ayuda directa. Seguramente es más difícil de implementar, pero es más efectivo en la lucha contra la pobreza”, dice el sociólogo.