Buenos, malos y viceversa

<US03opini>Para negociar un tema complejo, conviene ponerse en la piel del otro, para prever sus movimientos y para comprender sus razones. Un ejercicio recomendable también para abordar la crisis institucional entre Cataluña y España y que, estoy seguro, adquirirá renovado protagonismo con la campaña electoral. Para el independentismo, el tratamiento del “problema catalán” por parte de ciertos medios, instituciones y personas relevantes de Madrid (el Madrid concepto; no la capital o los madrileños) alimenta la tesis de que en España no hay solución. Rendición o nada. España no nos quiere. Momificación de la Constitución y visión rígida de la realidad.

Es presumible pensar, viendo las cosas desde el otro ángulo, que la mayoría de no catalanes (con excepción quizás de País Vasco y en menor medida de Baleares y Valencia) no entienden que se pueda plantear la independencia de Cataluña como posibilidad, pero tampoco comprende reivindicaciones compartidas por muchos no soberanistas. ¿Existe otra nación que la española? ¿Qué más quieren los catalanes?

El franquismo no inventó, pero sí reforzó, la idea de la uniformidad de España —más que su unidad—, basada en una concepción política y cultural que toma Castilla como referente, alentada desde el “aparato del Estado”. Últimamente, series como Isabel o Emperador Carlos han ofrecido una perspectiva peculiar de la historia. Y sin inmutarse, Mariano Rajoy dice que España es la nación más antigua de Europa o que existe desde hace 2000 años. Al conjunto de españoles se les ha explicado la historia y la realidad peninsular de modo fragmentado, parcial y, en el caso que nos ocupa, se ha escamoteado la vitalidad de la lengua y la cultura catalanas. Un ejemplo: durante la Transición, Adolfo Suárez, admirado por su reformismo, desencadenó una polémica al cuestionar el uso del catalán en las matemáticas. Pero el centralismo no es sólo cultural. Hoy tiene que ver también con la acumulación de poder en centros de decisión que comparten sectores económicos y elites funcionariales del Estado, una alianza, para entendernos, entre el palco del Bernabéu y la Brigada Aranzadi.

Al otro lado, otras simplificaciones: querer reducir una guerra con una clara dimensión hispánica como la de Sucesión a una “guerra de liberación nacional”, convirtiendo 1714 en el kilómetro cero del independentismo. O la vigencia de un discurso que bebe del nacionalismo romántico y su razonamiento cultural e ideológico; la institucionalización de las prisas; ignorar cuestiones obvias sobre el carácter democrático de España, el respeto a la legalidad y el contexto europeo. O la mística del voluntarismo, la pretendida superioridad moral del independentismo y el abandono del papel transformador del catalanismo.

Ignorar la dimensión hispánica de Cataluña no tiene sentido, pero tampoco obviar la España plural. Sobran tópicos, como la igualdad. Algunos confunden diversidad con desigualdad. La apelación a la unidad e igualdad de todos los españoles machaconamente repetida adquiere a menudo tintes norcoreanos, cuando resulta que España (que por cierto vive de espaldas a Portugal) es un complejo entramado de lenguas, culturas, mestizajes, vaivenes históricos, más allá de tímidas singularidades. La película Ocho apellidos catalanes expone, a base de sal gruesa, la realidad de cuatro lenguas habladas en España y rasgos de tres de sus nacionalidades: Euskadi, Cataluña y Andalucía. Así se autoreconocen en sus estatutos, como Galicia, Aragón, Valencia y Baleares. La lectura de los preámbulos estatutarios es muy ilustrativa.

Parece claro que la mayoría de catalanes que no optan por la independencia y apuestan por resolver los problemas en el marco constitucional (y reformado), consideran que Cataluña debe poder encajar en una España diferente. Que reconozca su identidad nacional, lengua, cultura, historia, derecho… Pero hay reivindicaciones más prosaicas sobre financiación o infraestructuras. La situación de la red de Cercanías de Barcelona, en comparación con Madrid y con las inversiones millonarias en trenes de alta velocidad de escasa rentabilidad, abona la idea, lamentablemente, del centro extractivo. Frente al “España nos roba” se articula otro discurso consistente en afirmar que España —todos los españoles— es quien paga la factura catalana. Ni lo uno ni lo otro.

Unos dirán que en muchas cosas —educación, sanidad, vivienda, política cultural, prioridades sociales— Cataluña hace mal los deberes. Y los otros que cualquier ley nueva (Procés aparte) terminarán en el Constitucional. Y todos deberían decir que es urgente conocerse mejor y hablar más. De todo y sin miedo, superando una arrogancia mutua que se retroalimenta.

Rafael Pradas, periodista.