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Carmena pide a Cifuentes que baje las multas por botellón y permita trabajos sociales

El Ayuntamiento considera que, tras cursar 80.000 sanciones, se ha comprobado que no son disuasorias, y solicita además que se puedan conmutar por trabajos sociales

El Ayuntamiento de la capital, gobernado por Manuela Carmena (Ahora Madrid), está “preocupado por los graves riesgos para la salud y seguridad, las molestias y problemas de convivencia (ruido, suciedad), y los problemas relacionales y de género” que provoca el botellón. De acuerdo con un estudio realizado en el último trimestre, ha concluido que se trata de “una práctica muy arraigada” de forma que “el ocio sin alcohol no parece una alternativa”. “Los jóvenes nos dicen que van a seguir usando el alcohol, así que tendremos que tener estrategias de reducción de riesgos y daños”, ha explicado esta mañana el concejal de Seguridad, Javier Barbero. Entre otras medidas, el gobierno municipal va a pedir a la Comunidad de Madrid que modifique la norma regional para reducir la cuantía de las sanciones (hasta 600 euros) y permitir que se conmuten por trabajos sociales.

Jóvenes haciendo botellón en la plaza del 2 de mayo. Ampliar foto
Jóvenes haciendo botellón en la plaza del 2 de mayo.

La Ley regional de Drogodependencias prohíbe desde 2002 “el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo terrazas o días de fiestas patronales”. En 2012, la Comunidad (PP) endureció el régimen sancionador: dobló la multa para los mayores de edad (de 300 a 600 euros); fijó en 500 euros el castigo para los menores; y eliminó la posibilidad de eludir el pago a cambio de trabajos sociales (unas 120 horas). Esta última medida fue impulsada por la entonces alcaldesa, Ana Botella (PP), que además redactó en 2011 una ordenanza del ruido que contempla sanciones de hasta 600 euros por el alboroto derivado del botellón.

Barbero ha destacado hoy la “contradicción importante” que supone que, además de la norma autonómica, esté en vigor desde 2015 la Ley estatal de Protección de la Seguridad Ciudadana. Esta norma sanciona “el consumo de bebidas alcohólicas en lugares, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana”. Contempla multas de 100 a 600 euros, pero permite acciones compensatorias en el caso de menores.

80.000 multas sin resultado disuasorio

El Ayuntamiento está “trabajando en un plan sancionador alternativo que presentará a la Comunidad para solicitar cambios legislativos, porque la cuantía de las multas y que no haya alternativa no está dando resultados disuasorios”. Barbero ha explicado que entre 2012 y 2015 “se han cursado 80.000 multas”, de las que unas 800 han sido a menores, “de enorme cuantía”, pero “no han tenido efecto disuasorio”. “Una sanción económica sólo tiene sentido si es proporcionada y sirve para un objetivo, pero, después de 80.000 sanciones, si esto no funciona habrá que replantearlo; estamos convencidos de la que Comunidad estará dispuesta a reflexionar”, ha añadido Barbero.

Pese a que el Ayuntamiento sí impone multas por botellón, le resulta muy complicado cobrarlas. Los jóvenes que reciben la denuncia policial tienen 10 días para admitir su responsabilidad y pagar, en cuyo caso se benefician de una rebaja del 40% en la sanción. Pero lo habitual es que no se lo comuniquen a sus padres hasta tiempo después; así, cuando la notificación llega por escrito al domicilio, ese plazo ya ha expirado y, enfrentados al pago de 600 euros, la mayoría opta por recurrir. La vía ejecutiva retrasa el pago hasta cuatro años. Y nada asegura que se produzca, puesto que el joven, si es mayor de edad, se puede declarar insolvente. Además, en caso de recurso judicial, el Ayuntamiento no tiene forma de probar que el joven estaba consumiendo efectivamente alcohol (puesto que el agente no prueba la bebida y carece de aparatos para comprobarlo).

El pasado mes de noviembre, fuentes municipales indicaron a EL PAÍS que “se ha comprobado que las multas no cumplen con el objetivo de reducir el riesgo de beber en las calles”. Entonces, Barbero ya apostó por cambiar la sanción económica por “algún tipo de trabajo para la comunidad o incluso de un tipo de ocio alternativo” (que consistiría en “demostrar que la persona gestiona su ocio de otra manera que no sea bebiendo, que se ha gastado el dinero en actividades culturales, en deportivas, etcétera”).

Carteles en los comercios que venden alcohol

Esta mañana, el concejal de Seguridad ha presentado los resultados del estudio realizado en el último trimestre del año pasado, que demuestran, según ha dicho, que “el botellón es una práctica que, lejos de perder vigor, está fuertemente arraigada entre jóvenes de 14 a 25 años”. “Se percibe como una posibilidad de encuentro grupal y como espacio diferenciador de ser joven frente a ser adulto, además de ser una actividad cómoda y accesible que no precisa planificación ni un gasto que no puedan asumir”, ha explicado. “Las causas y factores son variados, así que las medidas han de ser diferentes, no solo sancionadoras”, ha añadido.

Para ello, el Ayuntamiento trabaja junto a Cruz Roja y la Asociación Bienestar y Desarrollo en un plan piloto de seis meses que “trabaje la intervención motivacional en las zonas de botellón”. Cruz Roja ya coloca carpas en lugares de ocio nocturno, realizando encuestas, intervenciones y actividades para que los jóvenes tomen conciencia de los riesgos asociados al consumo de alcohol. En 2015 realizó 62 intervenciones en toda la ciudad, cuyo resultado, según ha señalado esta mañana, es una reducción de entre medio día a la semana y tres días al mes en la práctica del botellón, y un aumento del 14% al 18% en la percepción del riesgo de esta práctica.

La Asociación Bienestar y Desarrollo se sumará desde este mes a las intervenciones de la Cruz Roja con otras acciones de proximidad e información. Además, se llevará a cabo una campaña de sensibilización en comercios minoristas, colocando carteles con el lema “Yo no vendo alcohol a menores”.

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