La Generalitat retoma la creación del fondo contra la pobreza energética

La Generalitat retomará la creación del fondo contra la pobreza energética, la bolsa de recursos con la que se pagarán las facturas de las familias vulnerables que no pueden hacer frente a los recibos. La decisión se produce después de que el Tribunal Constitucional levantara, hace dos semanas, la suspensión cautelar sobre el apartado del código catalán de consumo que creaba el mecanismo de ayuda. Las suministradoras siguen sin especificar cuál será su participación.

El departamento de Empresa explica que en todo 2015 evitó el corte de suministros a 32.914 familias que presentaron un informe de vulnerabilidad emitido por los Servicios Sociales. El coste acumulado de su facturas asciende a 7,9 millones de euros, si bien 1,1 millones ya se sufragaron a través de una línea de ayudas especial, que cobijó a 3.770 hogares. Fuentes de la Generalitat dicen que la cantidad restante no se puede considerar “una deuda” con las empresas pues se desconoce si la situación económica de estas familias ha cambiado, han logrado ponerse al día o llegado a algún tipo de acuerdo económico.

El código de Consumo fue suspendido cautelarmente en octubre pasado pero esto no impidió que la Generalitat siguiera con el despliegue del reglamento que daba forma al fondo. En su día, desde Empresa se defendió que la entonces recién aprobada ley antidesahucios y contra la pobreza energética surgida de la Iniciativa Legislativa Popular (la ley 24/2015) le daba cobijo legal. Así, el departamento de Empresa sacó a exposición pública una primera versión del reglamento pero posteriormente frenó su tramitación cuando se disparó la alerta de una posible impugnación de la norma antidesahucios.

Ahora el Gobierno catalán entiende que es posible continuar con el despliegue del fondo ya que el apartado sobre pobreza energético no fue recurrido. Desde Empresa explican que se estudiarán las alegaciones que se presentaron hace seis meses, aunque no se pone una fecha para ponerlo en marcha. En su día entidades como la Mesa del Tercer Sector o Fuel Poverty Group criticaron que, por falta de información, no pudieron participar en la exposición pública.

El borrador dejaba claro que la bolsa se nutriría “preferentemente” de las aportaciones de las suministradoras, además del dinero que aportara la Generalitat. También se planteaba que las empresas pactaran cada año con Empresa la cantidad en dinero o especie (kilovatios o metros cúbicos) que destinarán al fondo. La memoria del proyecto también preveía recibir 30.000 peticiones de ayuda cada año, divida en dos convocatorias: abril y octubre.

Este modelo de convocatorias ya se había puesto en marcha el año pasado. Ante la imposibilidad de tirar adelante el fondo, Empresa puso en marcha una línea especial de ayudas que permitió que se le abonaran a las empresas y a los Ayuntamientos el dinero equivalente a las facturas impagadas. Solo se ejecutó el 22% de los cinco millones presupuestados, una cantidad idéntica a a la que la Generalitat tenía presupuestado aportar al Fondo.

El gran misterio sigue siendo la aportación de las suministradoras. Las empresas siempre han dicho que harán lo que las ley determine y reivindican que financian el bono social. La norma antidesahucios hablan claramente de su obligación a dar “ayudas a fondo perdido” que se fijarían a través de convenios. Unos tratados que la Generalitat no ha llegado ni a plantear, según denuncia la Alianza contra la Pobreza Energética.