El jefe de protocolo investigado en la Pulpo responsabiliza a Besteiro

El hombre que bautizó con su apellido la Operación Pulpo contra la corrupción en la Diputación de Lugo no se ha negado a declarar ante la juez Pilar de Lara sino, más bien, todo lo contrario. Juan Carlos Fernández Pulpeiro, jefe de protocolo del organismo provincial, hombre de confianza heredado por el gobierno de Besteiro de tiempos del barón popular Cacharro y eje fundamental de la investigación judicial, ha declarado hoy mañana y tarde ante la magistrada. Y lo ha hecho entre otras cosas para confirmar algunas de las sospechas de De Lara acerca de una de las iniciativas de la etapa del exlíder socialista en las que ha puesto el foco la juez, el programa Kilómetro 0, creado para fomentar el turismo interno en la provincia y financiado mayoritariamente con fondos Feder de la Unión Europea.

Ante una decena de abogados que representaban a las distintas partes, Pulpeiro ha descargado esta mañana responsabilidades en su superior, José Ramón Gómez Besteiro, y se ha exculpado insistiendo en que él, como jefe de protocolo y encargado de la gestión del programa Kilómetro 0, no tenía capacidad alguna de decisión. La magistrada ha confirmado, a través de esta declaración en calidad de investigado (la antigua figura del imputado), su sospecha de que la iniciativa que absorbía cuantiosos fondos de la UE además de presupuesto de la diputación provincial empezó a funcionar supuestamente sin más, sin acuerdo plenario, sin ningún decreto y "sin norma alguna", tal y como ya recogía el auto de citación con el que estalló el caso. Según Pulpeiro, el programa fue ideado por Besteiro, presidente del organismo. El subordinado ha admitido que propuso un borrador y que casi de forma inmediata, en julio de 2008, empezó a funcionar por una resolución del socialista, que también (a propuesta de Pulpeiro) decidió realizar los pagos a las empresas contratadas en metálico. Según el artículo 190 de la Ley de Haciendas Locales, el pago a proveedores solo puede hacerse mediante cheque, transferencia o domiciliación para facilitar el control de la contabilidad y el destino de fondos como los procedentes subvenciones europeas. No obstante, según han explicado fuentes vinculadas a la operación, Pulpeiro ha dicho que Besteiro lo autorizó a través de una resolución a efectuar abonos en efectivo.

El jefe de protocolo ha asegurado a la juez que él desconocía que el programa se financiase con fondos europeos y también que, a la hora de las licitaciones, hubiese concursos en los que todas las empresas aspirantes pudiesen pertenecer a Raúl López, dueño del grupo Monbus, la mayor firma de transporte de viajeros por carretera de Galicia. La juez investiga los regalos que durante años recibió del propietario de las compañías de autobuses José Ramón Gómez Besteiro como presidente de la Diputación.

Los objetivos oficiales del programa, tal y como recogía el auto de De Lara, eran la organización de visitas culturales para los lucenses dentro de la provincia, la incentivación del tejido empresarial, la redistribución de la riqueza y la mejora del mercado laboral. Existía un apartado conocido como Lugo2 al que iban a parar las subvenciones de la UE y que, según la investigación, se destinaron presuntamente a otros fines y se repartieron, sobre todo, entre las empresas de Raúl López. La juez apuntaba en el mismo escrito que Pulpeiro guardaba el dinero de los pagos en una caja fuerte y que esas cantidades eran gestionadas "sin ningún tipo de control". En los documentos incautados durante un registro en la Diputación de Lugo figuran supuestos gastos con cargo a este presupuesto que nada tenían que ver con los objetivos del programa, incluidas comidas y viajes. La magistrada cree que se llevaron a cabo "adjudicaciones ilícitas", "amañadas con la finalidad de favorecer a determinadas empresas" y que el dinero se gestionó de manera "absolutamente arbitraria" para "dificultar la fiscalización del gasto".

Por la tarde, Pulpeiro ha continuado declarando (hasta sumar unas seis horas de interrogatorio) y ha hecho responsables de la facturación a otros cargos de la Diputación, como al asesor de fondos comunitarios y la interventora. A la salida del juzgado de Instrucción 1 de Lugo, el jefe de protocolo ha advertido de que está "impaciente por desenmascarar a ciertas personas que valiéndose de mentiras y de calumnias" han llevado a esta situación judicial a personas como él, que no han hecho "otra cosa que trabajar honradamente en beneficio de los demás". Pero de momento, ha dicho, toca responder ante la juez que investiga los supuestos amaños en los contratos de la Diputación: "hay que responder y demostrar toda inocencia ante la justicia y no convertirse, como hacen otras personas, en monicacos de feria mediáticos, sin más argumentos que falsedades y vaguedades sin fundamento alguno".

"Más pronto que tarde espero que llegue la hora de poder explicar con todo lujo de detalles, fechas, hechos, pruebas y testigos este rocambolesco caso basado únicamente en la venganza, la soberbia y la envidia de quienes por su incapacidad e ineficacia no saben convivir de otra manera", ha proclamado para terminar este cargo que fue denunciado inicialmente por un supuesto caso de acoso laboral y ahora está siendo investigado por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, fraude a las Administraciones y facilitación de información privilegiada: "Habrá varios capítulos, lo puedo asegurar", ha concluido.

Mañana están citados a declarar, también en calidad de investigados, el propio José Ramón Gómez Besteiro y la que los investigadores de la trama consideran su más estrecha colaboradora, la jefa de comunicación del organismo provincial, Leticia Vilar, considerada por De Lara "pieza clave" del sumario.