‘Caso Raval’: el pacto del miedo

Salvo a los contados especialistas, el jurado popular no gusta a los abogados. Temen que la reacción de nueve ciudadanos (escogidos al azar) sea más imprevisible que la de un tribunal profesional. Ese miedo al jurado está en la base del polémico pacto que el lunes zanjó el caso Raval con penas mínimas de cárcel y de suspensión de empleo y sueldo para los mossos que mataron a Juan Andrés Benítez. El miedo cundía en las defensas ante la respuesta popular a un nítido episodio de abuso policial. Pero también en las acusaciones, conscientes de que algunas complejidades (la brutal reducción a Benítez no fue la causa única de su muerte) podían suscitar dudas y, eventualmente, dejar el caso sin castigo.

“El pacto es acertado para todos ante un hecho de tanta trascendencia; sobre todo para las defensas, ante el riesgo de un veredicto de culpabilidad más grave”, opina Javier Rodrigálvarez, uno de los penalistas que más juicios por jurado popular ha celebrado en España. Los expertos consultados por este diario coinciden: si hay un bando ganador en la sentencia de conformidad dictada el lunes, es el de los Mossos. Los agentes no entrarán en la cárcel (la pena es mínima y su ejecución ya ha sido suspendida), estarán solo dos años sin cobrar ni trabajar y, durante cinco más, sometidos a medidas simbólicas. Durante ese tiempo, no podrán patrullar (aunque ya llevan más de dos años en tareas administrativas) ni acercarse a menos de un kilómetro de la calle Aurora del Raval. Además, deberán realizar un cursillo de derechos humanos.

“El concepto de impunidad de los juristas es distinto al de la calle”

El balance del pacto saltó a la vista el lunes, cuando se ratificó la conformidad: sonrisas y abrazos en la defensa, alivio y satisfacción contenida en la Fiscalía y la acusación particular, y caras largas entre la acusación popular. La Asociación Catalana de Derechos Humanos (ACDH) se había opuesto a cualquier transacción que no supusiera la expulsión definitiva de los mossos del cuerpo. A última hora, cedió. ¿Por qué?

El abogado y portavoz de ACDH, Àlex Solà, explicó en rueda de prensa que “el barco de las acusaciones” había “empezado a hacer aguas” el pasado jueves. En una vista para atender las excusas de los candidatos a jurado (en el sorteo inicial se escoge a 30 personas), la fiscal, que ya entonces apostaba por el pacto, advirtió del “incierto desenlace” del caso. De nuevo, el miedo. Si la fiscalía, que había pedido 11 años de cárcel por homicidio doloso, no estaba segura de llevar la causa a buen puerto... ¿En qué posición quedaba la acusación popular?

Ese mismo día, la Fiscalía trasladó a la ACDH una nueva propuesta que había trabajado con las defensas. Los abogados de la asociación se reunieron y dieron su visto bueno. Después, comunicaron la decisión a media docena de activistas y amigos de Benítez, que desde el suceso (5 de octubre de 2013) han organizado actos y manifestaciones pidiendo “justicia para Andrés”. “La decisión no les gustó”, admite Solà, “pero son trincheras distintas; la nuestra es la jurídica y pensamos que era lo mejor”.

La ACDH es una asociación de letrados que ha comparecido como acusación popular en sonados procesos contra policías —como los malos tratos en la comisaría de Les Corts— y funcionarios de prisiones, como la brutal represión al motín de Quatre Camins. Se personó en el caso Raval animado por el entorno de Benítez, con el que ha mantenido este tiempo un “nexo informal”. “Ése es el pecado original de esta historia”.

Solà admite que el pacto es mejorable, pero señala que las defensas también han cedido. “Al principio, la Administración nos ofrecía un sucedáneo para apartarlos de la calle. Y hay aspectos de alto valor simbólico para nosotros, como el destierro del Raval”, dice. “El concepto de impunidad de los juristas es diferente del de la calle”, admite Solà. Los expertos coinciden en que, al ser la sentencia firme, la “verdad histórica” de lo ocurrido es inamovible: los Mossos mataron a Benítez en una reducción “desproporcionada y excesiva” que intentaron camuflar destruyendo pruebas.

La polémica también ha llegado a la esfera política. El director de los Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, anunció ayer que no expulsará a la policía catalana para evitar una “doble sanción”, una medida había reclamado, entre otros, la CUP.