La juez reclama las actas de la fundación del Palau de les Arts
Crece el enfrentamiento entre la instructora del 'caso IVAM' y el Ministerio de Cultura
La juez que investiga un supuesto fraude en la gestión de la ópera de Valencia ha reclamado todas las actas de la comisión ejecutiva del Palau de les Arts, Fundación de la Comunidad Valenciana, desde su constitución hasta enero de 2015, cuando la policía detuvo a la entonces intendente del coliseo, Helga Schmidt.
Según la investigación, Schmidt fue simultáneamente responsable del Palau y consejera de una mercantil que fue contratada para conseguir patrocinios para la ópera, infringiendo de ese modo la normativa de incompatibilidades.
Además de las actas de la fundación del Palau de les Arts, la magistrada ha solicitado al Registro Mercantil las cuentas anuales de las empresas Patrocini de les Arts y Viva Europa, las sociedades presuntamente utilizadas para cobrar comisiones de forma indebida al coliseo valenciano. La instructora también solicita documentación, en este caso certificación de su inscripción, de Radcliffe, la mercantil que administraba Pablo Broseta, investigado —imputado— en la causa. Francia ha suspendido a Broseta como cónsul en Valencia "hasta que la justicia se haya pronunciado".
La magistrada que investiga un supuesto fraude en otra gran institución cultural valenciana, el IVAM, ha requerido por otro lado al director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, Miguel Ángel Recio, para que elabore un dictamen sobre el valor de unas obras de arte compradas por el instituto valenciano de arte moderno. La juez ha realizado la petición mediante un auto advirtiendo de que la misma "se efectúa bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial".
La juez toma la decisión después de que el Ministerio de Cultura respondiese a la solicitud judicial afirmando que no tenía obligación de realizar estimaciones de obras adquiridas por una Administración autonómica. La instructora responde, siguiendo el criterio de la Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat, que "las colecciones del IVAM forman parte del Patrimonio Histórico Español", y pueden por tanto ser analizadas por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del ministerio.
Obligación de colaborar
En la resolución, la magistrada recuerda la obligación general de "todas las personas y entidades públicas y privadas" de prestar "la colaboración requerida por jueces y tribunales en el curso del proceso", tal y como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.
"El órgano público designado para efectuar un informe y requerido por un órgano judicial no puede excusarse de su cumplimiento alegando que quedan al margen de sus competencias administrativas", prosigue la magistrada, "ya que las mismas son las que le otorga el juez de instrucción".
El Ministerio de Cultura justificó su negativa a emitir el informe reclamado por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia alegando que, según un informe de la Abogacía del Estado, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes no tenía entre sus atribuciones hacer dictámenes sobre obras adquiridas por otras Administraciones.
La magistrada señala en el auto que el Ministerio de Cultura ha tenido en los últimos años a un representante en el consejo rector del IVAM. Y que el museo ha sido beneficiario "de sus subvenciones consignadas en los Presupuestos Generales del Estado".
La resolución, fechada el cinco de mayo, da tres días al director general de Bellas Artes para que designe a tres personas "expertas en valoración de obras de arte dependientes de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico" para que efectúen el informe, que la juez pidió por primera vez el 19 de noviembre pasado.
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