¿Legalidad europea?

El Presidente del Consejo Europeo desde 2014, Donald Tusk, fue líder del partido conservador y primer ministro de Polonia desde 2007 hasta 2014. Es como un Rajoy polaco, pero sabiendo hablar inglés. Cuando empezó la crisis de los refugiados, el primer ministro griego Tsipras exigía el cumplimiento de la legalidad de la Unión Europea (UE). El Tratado de Lisboa prevé un reparto solidario de la carga de la inmigración masiva provocada por las guerras. Pero Tusk discrepaba. Según él, la aplicación rigurosa de la legalidad de Schengen y Dublín obliga a Grecia a responsabilizarse de los refugiados, darles asilo o rechazarles.

El 22 de abril, en un artículo publicado en EL PAÍS, Tusk insistía en su criterio, revistiéndolo con una argumentación pretendidamente legalista. El artículo se titulaba Amparo a los refugiados. Decía que la debilidad e indecisión europea abrió Europa a la inmigración descontrolada. Afirmaba que la oleada migratoria había producido en los europeos temores por su seguridad y por las consecuencias sociales y financieras. El Tratado entre la UE y Turquía, afirmaba, era la forma más eficaz de ayudar a Grecia y acabar con el negocio de las mafias. Se sentía orgulloso de sus resultados: cada vez entran menos migrantes en Europa por Grecia. 70.000 en enero, 50.000 en febrero, 30.000 en marzo, 3.000 en abril. Se había recuperado la legalidad europea de Schengen, pero una legalidad concebida como un cerrojo seguro para preservar los privilegios y la insolidaridad.

Sin embargo, la base de la legalidad europea está en la Carta de Derechos Fundamentales. En esta se garantiza el derecho de asilo según el Estatuto de refugiados (Ginebra 1951), lo cual impide las devoluciones “en caliente”. Prohíbe las expulsiones colectivas. Exige supeditar las actuaciones gubernamentales al superior interés del menor. El acuerdo euro-turco no contiene reglas que garanticen el respeto de estos derechos en Turquía. Ni siquiera se han respetado siempre en las fronteras de Europa. En España, la reforma sorpresiva de la Ley de Extranjería para legalizar las devoluciones “en caliente” en Melilla, aprovechando la ley mordaza, es un buen ejemplo. Seguramente Tusk y sus cómplices aplaudieron esa primera experiencia.

La guerra sigue. Mientras haya bombardeos, devastación e inseguridad, habrá migrantes que huyen y, consecuentemente, mafias controlando las rutas terrestres o marítimas. Si no pueden acceder a Europa por Lesbos, pasarán por Lampedusa o por cualquier otro lugar. A más dificultades, más riesgos y más precio. El optimismo de las cifras de Tusk es infundado. Los migrantes seguirán huyendo del hambre o de las guerras y seguirán llegando, aunque Tusk no pueda contabilizarlos. Todos soportarán por igual el calvario del éxodo, los peligros del mar, y también la insolidaridad de Tusk y de los mandatarios europeos, incluido Rajoy con su reforma legal.

Eduard Segarra, profesor de Derecho Internacional y presidente de la Asociación para las Naciones Unidas en España, dice que los famosos acuerdos del Tratado no estaban pensados para refugiados, ni tampoco son actuales. Son de 2014. Contrariamente a lo que nos informan, no se aplica ningún nuevo acuerdo sino que se adelanta la aplicación de una Decisión ya adoptada anteriormente. Se trata de la Decisión de 14 abril de 2014, entre la UE y Turquía sobre readmisión de “residentes ilegales”, que ahora se extiende a los refugiados. La novedad es que se hace pagando a Turquía 6.000 millones de euros, además de otras compensaciones políticas. A cambio, Turquía se encargará de evitar que los refugiados y migrantes lleguen a Europa por Grecia.

A Tusk y sus cómplices no les importa cómo se ejercerá ese encargo en Turquía. No les importa el escaso respeto que concede a los derechos humanos y la libertad de prensa. No les importa las condiciones de los lugares o campos de internamiento en que recluyen a los refugiados y migrantes. Ni las devoluciones forzadamente “voluntarias” de sirios y afganos a sus países de origen, con los graves peligros que comportan, tal como ha denunciado Human Rights Watch. Ni que las peticiones de información de Amnistía Internacional hayan sido rechazadas “por ser asunto confidencial”. Ni que la UE no pueda vigilar o supervisar efectivamente lo que pasa en Turquía. El Tribunal de Justicia de la UE debería condenar esta distorsión insolidaria de nuestra legalidad. Porque Tusk y sus cómplices utilizan Turquía solamente como nuestro patio trasero, un espacio externo de alegalidad. Por 6.000 millones de euros han comprado algo así como un Guantánamo de la Unión Europea.