Los alcaldes protestan por la suspensión de la ley ‘antidesahucios’

Los municipios están en pie de guerra. La suspensión cautelar de la ley catalana antidesahucios (24/2015) ha hecho saltar todas las alarmas en los Ayuntamientos, cuyos máximos representantes se han concentrado este viernes ante la sede de la delegación del Gobierno en Barcelona para protestar por la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional, tras el recurso presentado por el Gobierno.

Encabezados por el primer edil de Sabadell e impulsor de la concentración, Juli Fernández,  los alcaldes han presentado una instancia con los expedientes  que gestionan de familias en riesgo de exclusión social, de más de 50 ayuntamientos. Y han anunciado que los continuaran tramitando para afrontar la “emergencia social”.

“No venimos como representantes de partidos políticos sino como la voz de nuestros vecinos y vecinas”, ha afirmado Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar. La homologa en Barcelona, Ada Colau, ha querido estar presente en el acto y ha señalado que “son miles los expedientes que tenemos hoy aquí. Pero detrás de cada uno de ellos hay nombres y apellidos y centenares de familias afectadas”. La iniciativa cuenta con el apoyo de las entidades municipalistas, como Asociación Catalana de Municipios y la Federació Catalana de Municipios.

El pasado martes el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se comprometió con los municipios y las entidades sociales a la redacción de una ley exprés que permita esquivar el recurso presentado por el Gobierno central a la Ley Antidesahucios y contra la Pobreza Energética. También se acordó crear un “frente común” de todas las entidades y administraciones públicas y la puesta en marcha de una nueva ley contra los desahucios. Sin embargo, los municipios no quedaron del todo satisfechas. La ausencia de bancos y empresas suministradoras en la reunión sigue dejando el problema de la vivienda en manos de los Ayuntamientos.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) también señalaron en la cumbre del martes que todavía quedan intactas numerosas medidas en materia de pobreza energética. Tanto estas organizaciones como los representantes de los municipios ya han reclamado su despliegue inmediato.