Una consejería en el Constitucional

Más de ochenta conflictos enfrentan a la Generalitat y al Gobierno en el Tribunal Constitucional (TC). El ejecutivo de Puigdemont mantiene abiertos 53 recursos y otros 30 se han producido en dirección inversa. La litigiosidad es especialmente visible en el Departamento de Empresa y Conocimiento, que concentra una cuarta parte de los pleitos. Comercio, consumo y energía son las competencias en disputa.

Este departamento ha iniciado 11 recursos para poner freno a políticas estatales, pero ha recibido nueve del Consejo de Ministros, otro del Defensor del Pueblo, uno más por el Partido Popular y otro litigio procedente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Si se suman los recursos contenciosos asociados a cuestiones competenciales se tendrían que añadir otros 14 a la veintena citada. La gran mayoría corresponden a leyes aprobadas desde 2013.

Nunca el Tribunal Constitucional había tenido las dimensiones del campo de batalla de las actuales. El caso más visible es el de la política comercial. Actualmente la Administración catalana no tiene ley sobre horarios comerciales porque la suspendió el TC a instancias del Ejecutivo, que en 2012 aprobó un decreto ley con el que ha intentado liberalizar el comercio.

Frustraba así el deseo la Generalitat, y de otras comunidades, de limitar el tipo de comercios que pueden abrir los domingos. Suspendida la norma catalana, ahora manda el decreto estatal que propugna la libertad total para tiendas de hasta 300 metros cuadrados, siempre que no sean propiedad de grandes grupos. En algunos barrios del centro de Barcelona se percibe la libertad con la que actúan algunos comercios, sin que la inspección autonómica pueda sancionar.

Empresa espera que la Generalitat apruebe el nuevo proyecto de ley en dos o tres meses y que el Parlament dé el visto bueno a la norma definitiva en el tiempo más corto posible. Y a esperar, porque lo habitual es que el Gobierno vuelva a llevar la ley al Constitucional. Y volver a empezar. Ese es el trámite que se ha seguido en los últimos años: aprobación de la ley, recurso, anulación y nueva ley.

El tribunal tiene pendientes de resolver otros cuatro recursos vinculados al comercio presentados por el Gobierno, por otros tres de la Generalitat. El propio tribunal abrió una cuestión sobre otra de las leyes autonómicas clave en materia comercial, la de equipamientos comerciales, que impedía la apertura de grandes establecimientos fuera de zonas urbanas.

También se han impugnado desde el Gobierno decretos y leyes que afectan a materias de consumo, como la que referida a la pobreza energética, o a la fórmula escogida por la Generalitat para evitar el uso de la fractura hidráulica (fracking) para extraer gas del subsuelo catalán. Empresa también ha acudido al TC para denunciar invasión de competencias e intentar paralizar leyes españolas.