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OPINIÓN

Miseria social y crisis política

Las intermitentes y ocasionales movilizaciones ciudadanas han sido insuficientes para denunciar el drama cotidiano que soportan reservadamente muchas personas

Asistimos atónitos al drama de los refugiados ante la pasividad de una Europa deshumanizada y subyugada al funcionamiento de los mercados; la política española es incapaz de gestionar el pluralismo parlamentario; en Cataluña se prepara la independencia con una hoja de ruta ambigua y cambiante. Y en Europa, en España y en Cataluña la crisis económica ha generado gravísimas condiciones de miseria social, sin otra respuesta política que la indolencia o la protesta estéril. Y hay quien todavía niega la crisis de la política, tanto desde la derecha como incluso desde la izquierda.

La derecha trata de despolitizar los conflictos y celebra la dificultad para generar una indispensable conciencia ciudadana sobre la injusta distribución de los recursos. La izquierda considera que la movilización social, la llamada "nueva" política y el surgimiento de nuevas formaciones políticas son pruebas de buena salud política, aunque las movilizaciones sean poco eficaces, la nueva política no resuelva la desigualdad social y las nuevas formaciones políticas mantengan un funcionamiento oligárquico. La derecha se siente cómoda con la buena sintonía entre el poder político y el económico, y la izquierda parece sentirse satisfecha con una nueva simbología política que, a falta de resultados, solo alberga algunas esperanzas de futuro.

La política (vieja y nueva) está siendo ineficaz para dar respuestas colectivas satisfactorias y se muestra torpe para contrarrestar la cruel asimetría en la distribución de recursos y oportunidades. Las desigualdades sociales imposibilitan la cohesión social y si, como consecuencia de la crisis de la política, se elude politizar el conflicto, no se pueden expresar demandas ni propuestas unitarias para cambiar la realidad. Se oculta la tensión y el sufrimiento social bajo la alfombra de la despolitización o del quietismo político. La política debería reaccionar ante las tesis fatalistas y la acción política debería enfrentarse a los argumentos sobre la inevitabilidad del desequilibrio y la marginación social. Las intermitentes y ocasionales movilizaciones ciudadanas han sido insuficientes para denunciar el drama cotidiano que soportan reservadamente muchas personas. Los gobiernos, los parlamentos y los partidos políticos (viejos y nuevos) han demostrado una grave ineptitud para regular el conflicto y para transformar escenarios políticos inseguros en contextos civilizados.

Es ilusorio y engañoso afirmar solo está en crisis la vieja política con el argumento de que estamos una nueva etapa de profundización democrática, con nuevas prácticas participativas y nuevas organizaciones políticas de estructura horizontal. Sin duda ha habido cambios sociales en España, pero la política, como instrumento de gestión de las desigualdades y como garantía de cohesión social, no consigue satisfacer unos mínimos objetivos colectivos ni evitar excesivas condiciones de vida infrahumanas. España es uno de los Estados con mayor desigualdad de Europa y el gobierno de España, más pendiente de la deuda económica que del drama social, no ha sabido afrontar las situaciones de vulnerabilidad que sufren los españoles. La política laboral de puestos de trabajo precarios y de salarios rastreros no ha logrado frenar la pobreza.

En Cataluña tampoco hay recetas políticas para moderar las alarmantes cifras de exclusión social. El paro asciende al 19% y el juvenil (menores de 25 años) al 42%; los que llevan más de dos años en el paro se han multiplicado por cinco en los últimos siete años y ya son 295.000; más de 300.000 personas viven en hogares en los que todos sus miembros están en el paro; desde 2008 ha habido más de 55.000 desahucios (una media de unos 20 desahucios al día); una quinta parte de los catalanes (y un 29% de los niños y niñas) vive por debajo del umbral de pobreza y la cifra sigue aumentando; el abandono escolar prematuro asciende al 22%, y no hay recursos para dar una respuesta digna a las casi 540.000 personas que sufren alguna discapacidad en Cataluña. La pobreza crece y no hay políticas para redistribuir los recursos y para garantizar los servicios básicos. Al contrario, pagamos una de las energías más caras de Europa, y en los últimos ocho años los recibos de la luz y del agua han subido más del 60%.

Sí que hay una profunda crisis de la política, aunque la nieguen aquellos insensibles al sufrimiento ajeno que despolitizan la miseria social, o los que se complacen con manifestaciones populares y con el surgimiento de movimientos ciudadanos. A quienes están sin comida, sin vivienda o sin trabajo no les basta con el efecto placebo de la llamada nueva política.

Jordi Matas Dalmases es Catedrático de Ciencia Política de la UB.