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Grau dice que su mujer admitió el blanqueo por su trastorno mental

El exvicealcalde de Valencia resta credibilidad a las conversaciones grabadas a Alcón

El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau llega al juzgado de Valencia.

El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau ha mantenido este viernes ante el juez que su mujer, María José Alcón, admitió en una conversación telefónica grabada por la policía la supuesta operación de blanqueo en el Ayuntamiento porque padecía serios problemas psicológicos. Grau ha intentado restar con ese argumento credibilidad a la conversación que su esposa mantuvo poco antes de las elecciones de 2015 con su hijo, en la que le detalló la supuesta operativa del grupo municipal popular para "aflorar" el "dinero negro" procedente de "corrupciones" que tenía el PP de Valencia, con el objetivo de financiar la campaña electoral.

Grau ha afirmado que su mujer estaba ingresada en el Hospital de Aguas Vivas con una depresión profunda, según fuentes conocedoras de su declaración como testigo. Y que él mismo fue a por ella para que firmase su incorporación a la candidatura popular de Valencia para las elecciones locales, y después volvió a llevarla al centro médico. El exvicealcalde ha mantenido que su trastorno psicológico, así como el enfado por verse relegada al número 16 de la lista del PP, lo que la dejaba sin opciones de ser elegida, pueden ayudar a explicar la conversación que mantuvo con su hijo.

Con su declaración, el exvicealcalde protege a la exalcaldesa Rita Barberá, al resto de sus antiguos colegas de partido y, a medio plazo, a sí mismo de las pesquisas que dirige el juez Victor Gómez en el caso Taula. En la misma línea, Grau también ha negado credibilidad a las afirmaciones realizadas en el proceso por sus cuatro asesores municipales, que han reconocido la existencia de la operación de blanqueo, añadiendo que fueron presionados para participar en ella.

Grau fue la mano derecha de la entonces alcaldesa Barberá. La relación se rompió después de que Grau fuera enviado al banquillo de los acusados del caso Nóos mientras la regidora se libraba de ir a juicio. El magistrado Víctor Gómez, instructor del caso Taula, ha pedido este jueves al Tribunal Supremo que impute a Barberá por blanqueo de capitales en el caso Taula. Y ha adelantado que ya indaga la supuesta financiación irregular —delito electoral— por las campañas del PP de Valencia en 2003 y 2011.

La Guardia Civil descubrió el supuesto blanqueo de forma fortuita gracias a los pinchazos telefónicos a la mujer de Grau, la exconcejal María José Alcón, que estaba siendo investigada por malversación y cohecho en el caso Taula.

Mordida escasa

Alcón fue forzada a renunciar a la candidatura en las elecciones municipales de 2015 después de que se hicieran públicas las grabaciones realizadas por el ex alto cargo Marcos Benavent, en las que ambos hablaban del reparto de comisiones por la adjudicación de contratos. Alcón se quejaba en una de las conversaciones de que, debido a la aplicación del IVA, la mordida resultaba escasa. Poco después Barberá despidió a Alcón como asesora municipal.

Los registros a la secretaria general del grupo municipal del PP de Valencia, Mari Carmen García-Fuster, han destapado, además, la existencia de cuentas bancarias del partido aparentemente ocultas. En ellas se hicieron significativas aportaciones de dinero por personas que García-Fuster identificaba con iniciales y cuyos nombres García-Fuster se ha negado a revelar al juez.

Grau ha negado este viernes haber tenido conocimiento del funcionamiento de las cuentas, de cuántas funcionaban simultáneamente ni de si fueron comunicadas al Tribunal de Cuentas. El exvicealcalde ha dicho que su misión era dirigir el Ayuntamiento de Valencia, que tenía un presupuesto de más de "800 millones de euros".

Las pesquisas de Taula arrancaron en 2014 con la entrega a la fiscalía de grabaciones realizadas por un ex alto cargo popular. La mayor parte del caso se centra en la actividad de una supuesta organización criminal, vinculada al PP en la Comunidad Valenciana, que habría cobrado comisiones para la adjudicación de contratos públicos. Y habría destinado una parte de las mordidas a financiar al partido a escala local, provincial y autonómica.

En el caso hay 115 imputados, entre ellos el PP como persona física, empresarios y exresponsables populares de Ayuntamientos, Diputación de Valencia y Generalitat.

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