Granados niega el caso de los espías

En una bronca comparecencia, con cortes de sonido y amonestaciones, Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, exsenador y hombre de confianza de Esperanza Aguirre, negó cualquier tipo de espionaje en la región: "No he observado que nadie haya espiado a nadie". Granados, con una actitud a ratos victimista, intervino en la Comisión de Corrupción de la Asamblea de Madrid desde la cárcel de Estremera, donde está recluido desde octubre de 2014 por orden del juez Eloy Velasco que investiga la operación Púnica (compra de funcionarios y políticos para conseguir contratos públicos).

Granados negó el espionaje; negó conocer a la mayor parte de los implicados y también negó [en referencia a Sergio Gamón, exdirector de Seguridad de la Comunidad] haber nombrado a ningún cargo en la Dirección General de Seguridad (DGS), institución clave en el caso de los espías: "Todos los cargos los ponía la presidenta [Esperanza Aguirre] ". Fuel el último compareciente de la sesión, después de Yolanda Laviana, exmujer de Sergio Gamón; un policía asesor del organismo y de Alfredo Prada (PP), predecesor de Granados en el cargo y víctima del supuesto espionaje.

La Dirección General de Seguridad fue creada en 2006. Al frente se puso a Sergio Gamón; "por mandato expreso de Esperanza Aguirre", dijo hoy Alfredo Prada, responsable de Interior de la Comunidad antes que Granados, ante la comisión de investigación parlamentaria.

Gamón ya había trabajado para Aguirre de escolta gracias a la intervención de su mujer, Yolanda Laviana, que también declaró este viernes y que fue secretaria de Aguirre. Prada, que a pesar de nombrar a Gamón declaró no tener una buena relación con él, salió del Gobierno regional en 2007. Granados asumió sus responsabilidades: Gamón pasó a depender jerárquicamente de Granados, aunque, en función de las declaraciones realizadas, le debía lealtad a Ignacio González, vicepresidente de Gobierno. "Ese operativo de escoltas y contravigilancia se montó por orden del señor González. Orgánicamente dependían de mí, pero funcionalmente yo no tenía nada que ver con ellos", dijo Granados, que describió su relación con González como "amistosa, en general".

Prada fue una de las víctimas de ese supuesto espionaje: "Me sentí vejado, humillado... Una intromisión en la vida personal inaceptable", rememoró el exconsejero sus emociones al enterarse de que había sido víctima de seguimientos. Aunque él fue el fundador de la DGS, en 2007 salió del Gobierno regional por su afinidad con Mariano Rajoy; fue incluido en el Comité Ejecutivo Nacional del PP. Algo que sentó mal a Aguirre, que libraba con Rajoy una guerra interna por el liderazgo de los conservadores. Prada fue sustituido por Granados, que a su vez mantenía una lucha intestina con Ignacio González, que aunque estaba citado en la comisión, no ha acudido aduciendo que se encontraba de viaje en Londres.

Fue la propia Yolanda Laviana, exmujer de Gamón, en unas declaraciones a EL PAÍS, la que dijo que su exmarido espió Prada e informó de todo a Ignacio González. Este y Granados protagonizaban en esa época una guerra intestina por el control del poder en el PP madrileño. Como parte de este enfrentamiento, y en función de las declaraciones realizadas, ambos dirigentes se espiaron mutuamente. Una práctica que se extiende además de a otros cargos del partido conservador, utilizando dinero público para ello. "Entre líneas ha dejado ver que [en la Comunidad] había una estructura [de espionaje] impuesta. El hecho de que fueran a buscar los ordenadores [al Campus de la Justicia] era tener motivos para chantajearle", dijo Manuel Ongil, de Podemos, tras la intervención de Prada. Hacía referencia al hurto de una serie de discos duros, aparentemente con información sensible, en el Campus de la Justicia, orquestado por Gamón y que le costó el cargo.

"Es la primera vez que hablo y me gustaría opinar sobre la Púnica", repitió Granados durante su comparecencia en la que se retrató como una víctima de un trato judicial injusto. "Le ruego que me deje contextualizar suficiente esto de la corrupción en la Comunidad de Madrid", añadió Granados, que reconoció sentirse decepcionado y maltratado por su partido: "Sería una pena que [mis compañeros] no creyesen en mi inocencia. Estoy en la cárcel porque soy del PP. Si fuera socialista, me defenderían. Los del PP, pensando en lo que les da votos, dan más cera que la oposición".

"He vivido un horror. Esto ha destrozado mi vida. Me acojo al derecho a no declarar", zanjó Laviana en su breve intervención ante la comisión. El silencio de Laviana, "tengo miedo de hablar", replica la actitud que mantuvo ante la jueza Valcárcel, al frente del caso en los juzgados. Aunque la Audiencia ha reclamado varias veces que Laviana declare, esta se ha acogido a la posición de exesposa de Gamón para no decir palabra. Un derecho que la juez recordó a Laviana que poseía: "Me dio la opción de no declarar contra mi marido", dijo.

"Queda claro que es cosa de la jueza; es algo que usted no ha solicitado, y cabe sospechar en que la jueza tenga un especial empeño en que usted no declare porque la Audiencia Provincial lo ha pedido varias veces", dijo María Espinosa, representante de Podemos en la Comisión de la Asamblea. La defensa de algunos de los imputados intentó recusar a la jueza Valcárcel, que instruye el caso desde 2009 y que ha intentado archivarlo en tres ocasiones, ante la Audiencia Provincial por su supuesta cercanía con Granados. "La he visto solo en dos ocasiones", dijo el que fuera mano derecha de Aguirre.

"Tratar con una trama mafiosa, como es la del Gobierno regional del PP, es normal que genere miedo", apuntó Espinosa. "Trabajamos con muchos obstáculos en esta comisión, sobre todo por parte del PP con la aquiescencia de la presidenta de la Comisión y del grupo de Ciudadanos", añadió la diputada de Podemos.

Palabras que generaron una pequeña trifulca a primera hora de la mañana. Poco después, y antes que los exconsejeros, declaró José Manuel Rodríguez González, exasesor de Gamón en la DGS. Rodríguez González entró en la Dirección de Seguridad poco después de que lo hicieran tres asesores de la Guardia Civil [dos de ellos, Oreja y Coronado, están entre los seis imputados por el espionaje político]. Lo hizo en calidad de asesor, junto con otros dos compañeros de la policía. "No tengo constancia de nada", declaró Rodríguez González ante las preguntas de los diputados.

Al parecer y aunque todos asesoraban a Gamón, los Guardias Civiles eran afines a Granados, mientras que los policías eran de la cuerda de Gamón y, en última instancia, de González. Uno de los guardias civiles, Oreja ya declaró en sesiones anteriores de la Comisión: "Cuando el director [Gamón] nos pidió que espiáramos a Granados y a otros dirigentes, nos negamos. Nos dirigimos directamente al consejero [Granados]. Ahí empezaron nuestros problemas”.