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Barcelona quiere contratar a 1.900 trabajadores públicos hasta 2019

La medida prevé costar 20 millones de euros durante todo el mandato

Carlos Orquín
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona.
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Albert Garcia

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quiere contratar. El equipo municipal tiene que sortear la ley estatal que prohíbe hacerlo a las administraciones locales y por eso este jueves el Gobierno decretó servicios esenciales la educación para contratar maestros de guarderías. “Tenemos que aprovechar todas las grietas disponibles”, ha dicho Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde y portavoz, que ha anunciado este viernes 1.900 plazas en total hasta 2019. El Ayuntamiento, que aún no tiene aprobados los presupuestos, prevé gastarse 20 millones de euros en la medida y asegura que aún así está por debajo de la media de gasto en personal que otras grandes ciudades de España.

Del total, hasta 1.000 plazas serán de 18 convocatorias de bolsa de trabajo de perfiles técnicos. Otras 975 serán convocadas por oferta pública, sobre todo para cubrir bajas y jubilaciones de Guardia Urbana, Bomberos y parques y jardines. El Gobierno asegura que se había encontrado con más de 100 plazas de oferta pública que no se habían convocado. Este anuncio ya contempla las plazas de maestros que avanzó ayer.

La medida es una llamada de socorro al apoyo de la CUP a los presupuestos. El partido anticapitalista pedía revertir las privatizaciones por medio de la remunicipalización de servicios públicos y según Pisarello, el Gobierno municipal ya va por este camino. “Ya se han dado pasos importantes en la remunicipalización. Consideramos que hay suficiente entendimiento [con la CUP] y sería un retroceso quedarnos con los presupuestos actuales”, ha añadido.

Eloi Badia, concejal de economía, ha refrendado al portavoz explicando los datos. Según ha dicho, el plan cuesta 20 millones de euros nuevos. En total deberían ser 32 pero esta cifra incluye los 12 que ya se están gastando en externalizaciones, por lo que el Ayuntamiento lo explica como una reducción global de los trabajadores ajenos. “Es una impugnación de la Ley Montoro y la hacemos a través de mecanismos legales como es la Carta Municipal”, ha defendido Pisarello.

En el anterior mandato del convergente Xavier Trias ya se había usado la ampliación de servicios esenciales para contratar 80 bomberos y 300 trabajadores en la Guardia Urbana. Aún así, el actual equipo quiere marcar un perfil político ampliando el gasto social, tal y como había prometido en campaña. “Necesitamos más trabajadores municipales si queremos luchar contra los desahucios y este plan quiere ser un primer paso en esta dirección”, ha recordado Pisarello.

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Sobre la firma

Carlos Orquín
Periodista especializado en política, trabajó en la redacción de Barcelona de EL PAÍS y, después, en diferentes proyectos de televisión -en La Sexta, TV3, La2-, y radio en SER Catalunya. Actualmente, concentrado en la comunicación institucional y política, lo que compagina con comer a tiempo completo y escribir a tiempo parcial en El Comidista.

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