Compromís denuncia el supuesto delito electoral del PP de Valencia

Compromís ha presentado una denuncia a la Fiscalía para que investigue la comisión de presuntos delitos electorales, de malversación y de falsedad documental en el grupo municipal del PP de Valencia. La denuncia se hace eco de las informaciones publicadas en la prensa y cita la normativa electoral para concluir que existen indicios de la comisión de los hechos presuntamente ilícitos.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Eusebio Monzó, ha criticado que Compromís solo pretende "no quedarse fuera del circo mediático en el que tan a gusto se mueve".

El origen de las sospechas manifestadas por Compromís es la investigación sobre la supuesta operación de blanqueo de capitales destapada durante la instrucción del caso Taula, por la que están imputados nueve de los 10 concejales populares. Las libretas manuscritas intervenidas a la exsecretaria general del PP de Valencia, Mari Carmen García-Fuster, así como la declaración prestada por esta ante el juez, han revelado que el partido manejaba una cuenta desde la que en apariencia se abonaron gastos electorales y que no fue comunicada al Tribunal de Cuentas, como establece la ley.

El juez ya ha pedido, a petición de la Fiscalía, información al Tribunal de Cuentas sobre esta cuenta bancaria, abierta inicialmente en el Deutsche Bank y que pasó más tarde al Sabadell. Según han mantenido este martes los concejales de Compromís Pere Fuset, Giuseppe Grezzi y Gloria Tello, que han comparecido en nombre del grupo municipal de su coalición, los indicios apuntan a la comisión de delitos electorales —financiación irregular— en las campañas de 2011 y 2015.

Los ediles recuerdan en su denuncia a la Fiscalía que presuntamente "el Grupo Popular disponía de una o varias cuentas bancarias diferentes a la que, por imperativo legal, debe abrirse con los únicos fines de recibir en la misma todos los fondos destinados a sufragar cada campaña electoral y pagar todos los gastos de cada campaña".

Los concejales han planteado que la recepción de fondos de origen ilícito, como el pago de mordidas a cambio de "adjudicaciones contratos de empresas con las que la Administración tenía relación", permitió a los populares desarrollar unas campañas electorales más caras que las del resto de fuerzas políticas.