Un exdirectivo del Canal niega que alterara una obra con un sobrecoste de 1,5 millones

Hoy han comparecido en la Asamblea de Madrid el exjefe de Departamento de Redes y la directora de operaciones del Canal de Isabel II. La obra, una conexión entre Boadilla y Majadahonda, fue muy complicada y se produjeron errores en las mediciones. El exjefe de Departamento de Construcción de Redes del Canal de Isabel II, Juan Arturo Alonso Parra, ha negado hoy en la Comisión de Endeudamiento de la Asamblea que se produjeran alteraciones intencionadas por algún trabajador del Canal en las mediciones de las obras de construcción de un anillo de distribución de agua entre Majadahonda y Boadilla, que acabaron con un sobrecoste de un 1,5 millones. Una construcción, que todavía está sin terminar, en la que ni se instalaron los metros de tubería facturados ni se removió la tierra certificada por la adjudicataria de las obras. Así se desprende del informe, al que ha accedido EL PAÍS, encargado por el Canal.

Como consecuencia, Canal expulsó al director de la obra, Manuel Jiménez Torrico, y suspendió de empleo tres meses a la jefa de división, Esther Rica, y a Juan Alonso, jefe del departamento de construcción. Jiménez Torrico también estaba convocado por la Asamblea, pero se ha negado a acudir.

La obra civil para la construcción de la canalización se licitó por 51 millones en 2008. La empresa Joca ganó el concurso por 30,43 millones, una disminución del 41% que podría haber constituido una baja temeraria. Algo que no estaba contemplado en los pliegos, indicó a los diputados María Belén Benito, actual directora de Operaciones del Canal y exsubdirectora de Ingeniería y Construcción, que también ha comparecido en la sesión de la Comisión.

Benito confirmó que la obra se empezó a ralentizar y comenzaron a recibir quejas de empresas subcontratadas por Joca. Entonces se encargó a la empresa Inncive una medición conjunta de los trabajos realizados. Los descuadres afectaban, por ejemplo, a la certificación de la excavación de 125.475 metros cúbicos en tres meses, cuando el total de la obra era de 71.811. O a la instalación de una conducción principal de 7,3 kilómetros, cuando no pasaba de 6,3. Posteriormente se encargó una auditoría del resto de las obras, y “estaba todo bien”, concretó Benito.

A partir de ella “se constató que el Canal había pagado por un trabajo que no se había hecho un importe económico en exceso equivalente a 1.496.870 euros”. Además, se abonaron en canalización 579.698 euros de más y 857.717 de sobrecoste en movimiento de tierras.

Alonso Parra ha indicado que hubo “bastantes cambios, pero estaban incluidos”, por lo que no fue necesario elaborar un modificado de la actuación. Reconoció que siempre existen problemas en construcciones semejantes, pero esta fue especialmente complicada, porque la empresa se declaró en concurso de acreedores. En cuanto a las diferencias en las mediciones, las calificó de “errores”.

El canal denunció a Joca ante los tribunales por abandono de obra. Además, la empresa reclamó en los tribunales 3,6 millones al Canal por impagos. El juez obligó al Canal a abonar a Joca 1,7 millones de euros y estimó que no había lugar a recuperar los 1,5 millones de las mediciones. Fuentes de la entidad explican que al tramo cinco del anillo de distribución entre Majadahonda y Boadilla le faltan para su finalización la ejecución de dos proyectos. Uno de ellos, el cruce de la M-50, se adjudicó a finales de 2015, el otro, situado en el monte de Boadilla todavía está en proceso de licitación.

Para la oposición, las comparecencias de los dos técnicos han sido “decepcionante”, porque no han aclarado ninguna de las dudas sobre la gestión de esas obras. Alejandro Sánchez, de Podemos, ha indicado que todavía “no sabemos cuánto ha costado a los madrileños y está sin terminar”. El diputado del PSOE, Juan Lobato, ha añadido que ninguno de los comparecientes ha aclarado cual era el sistema de control que empleaba el Canal. “Ni como se presupuestan”, ha añadido Juan Rubio de Ciudadanos. El representante popular, Gómez Angulo, ha dicho que quien debería comparecer ante la Comisión son el presidente, el consejero delegado o el director del Canal, “que son los que deben responder políticamente de la gestión”.