La juez sobre el cabecilla de Emarsa: “Su único modo de vida es el delito”

La juez que instruye en Valencia el desfalco en la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima (Emarsa) ha enviado a prisión provisional sin fianza a Jorge Roca Samper, presunto cabecilla de la trama que llevó a la quiebra a la empresa pública tras apropiarse de cerca de 23 millones de euros. La magistrada ha apuntado en su auto que Roca Samper puede estar "vinculado con organizaciones criminales" y, tras analizar su trayectoria, llega a la conclusión de que "su único modo de vida es el delito".

Roca Samper se ha negado a declarar en el juzgado tras ser extraditado el viernes pasado desde Moldavia, donde estuvo escondido después de que se dictara una orden internacional de busca y captura contra él. Su reaparición hace unos meses en el país del Este, que hace frontera con Rumanía y Ucrania y donde fue detenido por utilizar una identidad falsa, llevó a la Audiencia de Valencia a suspender el juicio del caso Emarsa en noviembre, apenas unos días después de haber empezado.

El letrado de Roca Samper ha argumentado que necesita tiempo para conocer el sumario, que tiene más de 200.000 folios. También ha pedido que su cliente quedase en libertad alegando que dispone de arraigo familiar en Valencia. Las acusaciones se han opuesto recordando que Roca Samper pasó cinco años huido de la justicia, y han afirmado que una nueva desaparición del acusado generaría alarma social.

"Estrategia coordinada"

El portavoz socialista Ramón Marí, cuyo partido ejerce la acusación en el procedimiento, ha considerado que la negativa de Roca Samper a declarar es una muestra de la "estrategia perfectamente coordinada" de los implicados de retrasar "al máximo" el inicio del juicio.

La magistrada Silvia Vivó reconstruye en el auto en el que confirma la prisión provisional sin fianza para el acusado los datos que se conocen sobre Roca Samper, quien está acusado de haber interpuesto empresas "en la cadena de facturación de lodos y desbastes entre 2005 y 2010". Ello le habría permitido "incrementar artificiosamente el valor de los trabajos realizados" por importe superior a los 10 millones de euros.

A Roca Samper se le atribuye malversación de caudales públicos agravada, cuatro delitos fiscales y falsedad en documento mercantil. Ilícitos por los que podría ser condenado hasta a 31 años de prisión, destaca la magistrada.

Causas en tres países

La instructora rechaza la petición de la defensa del acusado recordando que entre 2012 y 2015 estuvo en paradero desconocido con una orden de busca y captura internacional. En 2008 abandonó España para trasladarse a Francia, donde vivió hasta 2010. "En el referido país llevó a cabo una actividad empresarial por la que se encuentra investigado por el Tribunal de Gran Instancia de Burdeos como presunto autor de un delito de blanqueo de capitales", indica el auto.

En esos dos años constituyó una empresa en Malta y adquirió otra, de nacionalidad panameña, en Andorra. "En este último país también se encuentra investigado como presunto autor de un delito de blanqueo de capitales". En los años siguientes la juez ha tenido indicios de dónde podía hallarse "a través de las cuentas bancarias aperturadas a su nombre o al de sus empresas al detectarse salidas de fondos, entre otros países, en Rumanía, China y Bulgaria".

Roca Samper fue detenido finalmente en junio de 2015 haciéndose pasar por Bornari Gheorgii Alexandr, el nombre que figuraba en su pasaporte moldavo falso. Por ello ha cumplido una pena de 10 meses de prisión en aquel país. "El señor Roca dispone de la capacidad y habilidad necesarias para moverse en el extranjero, e incluso podría hacer pensar que está vinculado con organizaciones criminales que no solo han facilitado su vida, sino que le han ayudado a estar evadido de la justicia española".

De su trayectoria "se infiere que su único modo de vida es el delito; por todos los países que ha pasado se le han abierto procesos penales, llegando a cumplir pena en Moldavia". Además, ha tenido actividad bancaria "en paraísos fiscales" y "no se debe olvidar que se ha perdido el rastro del dinero defraudado", concluye la magistrada para justificar la medida de prisión provisional.