Madrid prohíbe a los concejales reunirse con ‘lobbies’ en secreto

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital ha aprobado esta mañana el borrador de la nueva Ordenanza de Transparencia, “la más ambiciosa de nuestro país”, según el concejal de Participación Ciudadana, Pablo Soto (Ahora Madrid). “Esta ordenanza llega más de dos años después de la aprobación de la ley estatal, que tiene algunas deficiencias que podíamos superar”, ha añadido la directora municipal de Transparencia, Victoria Anderica.

La nueva ordenanza, que estará aprobada antes de agosto, afecta a todo el Ayuntamiento de Madrid, tanto a los trabajadores públicos como a los concejales electos y a los cargos de responsabilidad política; y también a las empresas privadas que gestionan servicios municipales por concesión o contrato, y a las entidades que reciben ayudas o subvenciones del Ayuntamiento. En estos dos últimos casos, sin embargo, de acuerdo con lo que estipulen los acuerdos y contratos ya firmados.

En cuanto a la información que el Ayuntamiento pone por iniciativa propia a disposición de los ciudadanos, Soto ha recalcado que se ha querido incorporar “la máxima posible de todos los tipos”. “Queríamos que fuera transparencia por defecto, que no recayera en el ciudadano la necesidad de pedir la información y esperarla, sino que pueda acceder al máximo número de datos, incluyendo algunos que no contempla la ley estatal”, ha añadido Anderica.

Actualización trimestral

Así, la ordenanza compromete a publicar en la página web de Gobierno Abierto del Ayuntamiento (o en otras similares) toda esta información “de forma clara y estructurada”; Anderica ha adelantado además se trabajará además para darle un formato de visualización que “todo el mundo pueda entender”, “acercándola lo más posible para que todos podamos comprender el funcionamiento del Ayuntamiento”. Se actualizará al menos trimestralmente.

¿Qué información será accesible por defecto? El correo electrónico de los responsables municipales; el currículo de los ediles, directivos y asesores, y sus agendas públicas; la declaración de patrimonio, ingresos y actividades de los concejales; y las dietas y gastos protocolarios y de viajes. Las entidades privadas que reciban subvenciones o ayudas municipales deberán publicar sólo su organigrama, datos de contacto y currículo de sus responsables. La ordenanza obliga a retransmitir en directo no sólo los plenos municipales (ya se hace) sino también los plenos de distrito.

Cada concejalía y empresa pública deberá además difundir sus planes, objetivos y estrategias, con plazos e indicadores de cumplimiento. Serán públicos los acuerdos, directrices e informes, incluidos aquellos de la Intervención General y la Asesoría Jurídica; los borradores de iniciativas municipales y las alegaciones que se presenten sobre ellos; todos los convenios, subvenciones y contratos que se firmen (incluidas las actas de las mesas de contratación); los sueldos de concejales, directivos y asesores, así como las indemnizaciones que reciban al dejar su puesto; la relación íntegra de puestos de trabajo del Ayuntamiento (identificando desde las categorías hasta los liberados sindicales); las licencias urbanísticas otorgada y las declaraciones responsables tramitadas para abrir negocios (y las sanciones que se impongan); toda la “información relevante” sobre multas de tráfico; etcétera.

Basta con el correo electrónico

Además, cualquier ciudadano o empresa podrá solicitar de forma gratuita y sin alegar motivos los datos que no encuentre ya publicados, para lo que no necesitará identificarse con un DNI electrónico: bastará con mandar un correo. En caso de no identificarse, sin embargo, se le impondrán restricciones. El plazo de respuesta será en todos los casos de 15 días, so pena de recibir una multa, si la información está “en posesión” de la persona a la que se solicita y puede legalmente ser difundida.

La ordenanza contempla la creación de un registro de lobbies, en el que tendrán que inscribirse todas las personas o empresas que quieran “hacer valer algún interés en la elaboración de la normativa municipal y en el diseño y desarrollo de las políticas públicas del Ayuntamiento”, siempre cuando no se refieran a “asuntos de índole particular carentes de relevancia económica o social susceptibles de afectar a intereses colectivos” (por ejemplo, un vecino que se reúna con su concejal de distrito para protestar por el ruido del camión de la basura no deberá inscribirse previamente). El registro será público, pero para saber quién se reúne con quién habrá que consultar la agenda de los concejales.

La ordenanza obliga a los ediles a comprobar si la persona o empresa con la que se van a reunir está inscrita en el registro, y en caso contrario a no celebrar el encuentro. Además, se obliga a todos los concejales y directivos a devolver cualquier regalo que supere los 50 euros de valor, o a ponerlo en manos de la Concejalía de Derechos Sociales (en cuyo caso, se inscribirá en un registro público, que por ahora está vacío porque todos han sido devueltos).

Multas y otros castigos

¿Qué pasa si alguien incumple la ordenanza? Corresponde a la Junta de Gobierno apercibir al responsable si su actuación ha causado “un daño leve al interés público”; cesarlo si el daño ha sido grave (aunque eso sólo lo puede hacer el concejal del que depende); e incluso imponer multas económicas (de hasta 3.000 euros). En el caso de las empresas concesionarias de servicios públicos, el incumplimiento puede llevar a la resolución del contrato (si así lo estipula éste).

“El objetivo es que la próxima Operación Púnica no sea en la ciudad de Madrid”, ha explicado Soto. En cualquier caso, a los empleados públicos no se les podrá imponer ninguna sanción que no venga ya recogida en la normativa estatal, y a los concejales (incluidos los de la oposición) sólo se les podrá apercibir de manera informal en el caso de que incumplan la ordenanza, nunca multar económicamente.