El juez autoriza la compra de la plaza de San Fernando por un fondo

La plaza de España de San Fernando y las viviendas que la rodean pasarán a manos de un fondo de inversión por 27,5 millones de euros. El juzgado de lo mercantil número 6 de Madrid ha autorizado la venta de la “totalidad” de los terrenos, edificios e instalaciones de la empresa creada por el Ayuntamiento para remodelar el entorno, que se encuentra en concurso de acreedores al no poder hacer frente a pagos por 94 millones de euros. El dinero que se recaude se destinará a saldar parte de la deuda contraída con Bankia (54 millones). La sociedad carece de más activos, por lo que el resto de los acreedores tienen complicado cobrar.

El juez ha desestimado todas las alegaciones interpuestas contra la venta y ha dado vía libre para la enajenación de 176 viviendas, 157 trasteros, 267 plazas de garaje y un aparcamiento público de 606 plazas al fondo de inversión Pacífica Capital Gestión SL. Esta sociedad, con un capital social de 3.000 euros, actúa en nombre de un fondo institucional extranjero. Su oferta por 27,5 millones, es la única que tiene sobre la mesa el administrador concursal, que gestiona la liquidación de la sociedad Plaza de España San Fernando (PESF).

El Ayuntamiento del municipio se embarcó en 2008 en la remodelación de la plaza del pueblo y las viviendas del siglo XVIII que la rodean. El conjunto está declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Para ello crearon una empresa de capital mixto (51 % de los vecinos y el 49 % del Ayuntamiento). Los ciudadanos aportaron sus viviendas para cubrir el valor de las acciones que se le asignaron, y el Ayuntamiento entregó la plaza del municipio para cubrir su participación en la sociedad, un bien de dominio público con el que no está permitido comerciar. Además, la actuación permitió que la empresa se apropiase del espacio público y de su subsuelo para construir un aparcamiento (prohibido por la normativa urbanística), cuya venta habría reportado 23 millones a la mercantil.

La gestión de la empresa, controlada por el Ayuntamiento, acabó llevando a PESF a la ruina. Los vecinos, que debían haber recuperado sus casas en 2011, no han podido entrar todavía en ellas porque están embargadas por Bankia, entidad a la que PESF debe 56 millones. La deuda total con otros acreedores asciende a 94 millones. Si quieren recuperar sus viviendas, las tendrán que recomprar al fondo buitre. Los vecinos han interpuesto múltiples recursos contra el Ayuntamiento pidiendo indemnizaciones por lo que consideran “una estafa”.

El juez explica que la venta propuesta por el administrador concursal es un “cauce idóneo para la finalización del concurso. Sobre todo porque existe una tasación actualizada de los inmuebles cuyo valor es inferior al crédito de Bankia que se va a extinguir parcialmente. Además, añade, la entidad financiera ha dado su consentimiento. En cuanto a las alegaciones que inciden en que la oferta económica (27,5 millones) es muy baja, el fallo aclara que el valor de un bien puede resultar minorado “de un modo muy relevante” en liquidación concursal si no existe más que una oferta. Lo que ocurre en esta ocasión.

La existencia de otros procedimientos penales abiertos referentes a ilícitos administrativos y delitos contra la ordenación del territorio “en modo alguno” impiden la enajenación de todos los bienes inmuebles. Se refiere a una querella interpuesta en 2011 por la Asociación El Molino de San Fernando, en la que se denunciaba la cesión de la plaza del pueblo por un posible delito contra la ordenación del territorio. El juez ha imputado por este motivo a Julio Setién, exalcalde de IU; a Joaquín Martínez, exconcejal de Política Territorial, y al empresario Victoriano Cuesta por un presunto delito contra la ordenación del territorio, dice el juez.

El fondo de inversión interesado ha anunciado que “cederá la plaza al Ayuntamiento”. El concejal del PSOE, Francisco Javier Corpa, aclara que no existe ningún documento firmado entre el gobierno municipal y la empresa, por lo que no hay nada en firme. En cuanto a los vecinos que deberían haber recuperado sus viviendas en 2011, si quieren recuperar las viviendas las tendrán que recomprar.

El juez rechaza también la alegación del Ayuntamiento del municipio relativa a la falta de elementos de juicio suficientes sobre la idoneidad de la venta. Recuerda a la corporación municipal su importante implicación en la empresa, y subraya que “en los órganos de administración de la concursada (PESF) se encontraban presentes miembros del pleno y de la comisión de gobierno” del Ayuntamiento. La sentencia señala que no es creíble que ni el actual ni el anterior equipo de gobierno aleguen desconocimiento con respecto a lo enajenado. Sobre todo porque en “lo ejecutado y rehabilitado” ha intervenido el Ayuntamiento, que “ha concedido licencia para tales obras”.

Los socialistas, en la oposición, piden que se convoque de forma “urgente” una comisión para salvar la plaza de España de la venta a un “fondo buitre”. El portavoz del grupo, Francisco Javier Corpa, opina que la venta es “nefasta” con un único beneficiario: la empresa interesada en la compra. Al mismo tiempo, acusa a la alcaldesa, Catalina Rodríguez de San Fernando sí puede, de “falta de transparencia” por no facilitar información a los grupos municipales.