Paralizado el desahucio de una mujer embarazada con dos hijos

La Associación 500x20, el concejal de la CUP en el distrito de Sant Andreu, Ivan Altimira, y la unidad de prevención contra los desalojos del Ayuntamiento de Barcelona han frustrado este viernes por la mañana un polémico desahucio en el barrio de la Sagrera. “Hemos tenido suerte porque no teníamos donde ir”, ha contado bajo la lluvia la madre de la familia, Ala Khurtsidze, de 33 años y embarazada de ocho meses. Su marido y sus dos hijos, de 14 y 16 años, también respiraban tranquilos después de saber que el desahucio quedaba aplazado. Ahora, a contrarreloj, los servicios sociales del Consistorio intentarán encontrar una alternativa para intentar que el niño que Khurtsidze lleva en la barriga nazca en un piso de protección oficial.

Los hechos se han producido hacia las once de la mañana, cuando la comisión judicial ha llegado a casa de la familia afectada, que hace cuatro meses que no paga el alquiler. A la puerta del edificio, esperando, estaba el padre de familia, junto con miembros de la Associación 500x20, el concejal de la CUP en Sant Andreu, Ivan Altimira y la trabajadora de la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER), Pepi Fernández. Su voluntad era la misma: evitar el desahucio. Durante la negociación, no obstante, ha habido momentos de tensión cuando la comisión ha pedido subir al piso para comprobar si era cierto que había menores en la vivienda.

“Estas situaciones no acostumbran a darse puesto que siempre que hay menores en un desahucio vienen también los servicios sociales y se acaba encontrando una solución”, ha explicado Pepi Fernández. Los vecinos y el marido no han permitido que los funcionarios subieran al piso y han dicho que, en todo caso, los menores bajarían a la calle. Según el padre de familia, la mediadora y los vecinos solidarizados, la secretaria judicial ha avisado a los Mossos de Esquadra y les ha pedido que identificaran a “estos ciudadanos, para llamarlos de alguna forma”. Los agentes no lo han hecho. Finalmente, la comisión judicial ha aceptado que dos menores bajaran de su casa y, después de acreditarse, el desahucio ha quedado aplazado.

Esta familia ya tendría que estar en un piso de protección oficial que le ofreció el Instituto Municipal de la Vivienda desde mediados de marzo, pero sus miembros no pudieron acceder porque les pedían 1.300 euros por avanzado entre la fianza, el primer mes y las dos semanas del mes actual y no tuvieron tiempo de conseguir dicha suma, según lamenta Khurtsidze, la única persona de la familia que tiene empleo. Gracias a los servicios sociales, la familia ya dispone del dinero para cuando se les ofrezca otro piso de protección, puesto que aquel ya no está disponible. La duda es si el piso de protección llegará antes de que la comitiva judicial, que volverá a visitar la familia y, sobre todo, antes del nacimiento del niño que están esperando.

La concejal de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona Maite Fandos reprochó ayer a la alcaldesa, Ada Colau , que, después de casi un año de Gobierno municipal, el número de desahucios en la ciudad se haya mantenido respecto al mandato de Xavier Trias, a pesar de tener las herramientas que prevé la Llei 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.