El juez no encuentra el dinero de la trama del 3% del PP valenciano

El juez Víctor Gómez, instructor del caso Taula, en el que se investiga una trama del 3% vinculada al PP valenciano, no encuentra el dinero que presuntamente acumuló la red mediante el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. La trama actuó supuestamente entre los años 2003 y 2015 en la Generalitat, Diputación de Valencia y Ayuntamientos aprovechando los cargos institucionales que ocupaban sus miembros. Los investigadores estiman que las mordidas, aplicadas a centenares de contratos, ascendieron a millones de euros. Una parte del dinero así obtenido habría ido al bolsillo de los cabecillas de la red y otra parte, a financiar al partido en los niveles local, provincial y autonómico.

A pesar de los avances en el seno de la causa logrados por el magistrado instructor gracias al trabajo de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, 20 meses después del inicio de las pesquisas el dinero presuntamente defraudado no aparece. Hay indicios que señalan que uno de los principales imputados, el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial Alfonso Rus, pudo haber blanqueado parte de los fondos procedentes de comisiones a través de empresas con sede en España y Brasil. Pero lo habría hecho a título individual. La importancia que el ministerio público atribuye a esta vía es por el momento menor si se compara con las cantidades que se consideran ingresadas por el conjunto de la trama, que se enriqueció sobre todo con la construcción de colegios e institutos por parte del Gobierno valenciano.

Tampoco se ha hallado el dinero que supuestamente acabó en las cajas b del partido, incluso asumiendo que en gran medida estos fondos resulten irrecuperables por haberse usado en campañas electorales y otros gastos de la fuerza política, admiten fuentes de la investigación. En los registros practicados en enero en domicilios, empresas y en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia apenas se hallaron 5.600 euros guardados en cuatro sobres en casa de María del Carmen García Fuster. Esta era la secretaria general del grupo del PP en el Consistorio. Y la persona que presuntamente entregó 1.000 euros en metálico a medio centenar de miembros del grupo municipal, incluida la entonces alcaldesa Rita Barberá, pidiéndoles que ingresasen una cantidad idéntica en la cuenta del partido poco antes de las elecciones locales y autonómicas de 2015, lo que constituiría el delito de blanqueo de capitales por el que están imputados.

Las pistas que apuntaban hacia una estrecha relación entre el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial Alfonso Rus, uno de los detenidos en enero por orden del juez Gómez, y el presunto cabecilla de una trama de presunto blanqueo de capitales a gran escala a través de empresas de compraventa de oro que investiga la Audiencia Nacional, fueron inicialmente "prometedoras", según fuentes del caso. Pero esa vía, añaden, ha quedado varada.

Los investigadores han preguntado insistentemente al arrepentido Marcos Benavent por el destino de los fondos obtenidos por la trama durante más de una década, pero este no ha sabido aclararlo, lo que ha generado "frustración" en los responsables del caso. Benavent fue alto cargo de la Diputación de Valencia y reunió durante años grabaciones que reflejaban la actividad corrupta de la red. Las cintas fueron entregadas a la fiscalía en julio de 2014 por la diputada de Esquerra Unida Rosa Pérez. Benavent colabora desde hace casi un año con la justicia y ha confirmado el contenido de las grabaciones.

Fuentes cercanas al caso mantienen que, más allá de que las comisiones fueron repartidas entre los miembros de la red y que una parte fue a parar al partido, el ex alto cargo desconoce el destino del grueso del dinero. Y que ello no es extraño en el marco de una "organización criminal", que es como los investigadores de Taula describen a la trama valenciana del 3%. Que uno solo sepa dónde va a parar el dinero que él recibe es una "medida de seguridad" en el caso de que el grupo sea eventualmente desarticulado por la policía, agregan las fuentes.

La red valenciana actuó presuntamente de forma jerárquica y sistemática, hasta el punto de establecer una clasificación de las empresas que pagaban las mordidas. En ella se penalizaba a las mercantiles renuentes a pagar las comisiones, colocándolas al final de la lista de las adjudicaciones, y se premiaba a las más dispuestas a hacerlo. También obran en la causa indicios de que Rus y su jefe de gabinete y exalcalde de Genovés Emilio Llopis utilizaban teléfonos desechables, con tarjeta prepago, que cambiaban regularmente y que no estaban a su nombre para evitar que fueran pinchados por la policía.

El grado de profesionalidad que ello revela y el hecho de que hasta ahora el dinero no aparezca hace pensar a los investigadores —que trataron de encontrar los fondos en propiedades de los imputados, por si lo hubieran escondido físicamente— en métodos sofisticados de blanqueo y en su posible evasión al extranjero.

La única cantidad blanqueada, cuyo importe también es menor, de la que hasta ahora existen indicios relevantes en la causa son los 50.000 euros presuntamente lavados en el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, cuyos miembros han proclamado su inocencia.