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OPINIÓN

La libertad y la ley

Todo lo que viene de fuera del marco institucional resulta sospechoso. La democracia deja de ser un espacio de lucha contra el abuso de poder para convertirse en un sistema de encuadramiento ciudadano

1. ¿Quién manda? “Una alianza en la que encontramos fuerzas arcaicas, reaccionarias y regresivas (económicas, religiosas y políticas) y fuerzas progresistas de cambio radical (lideres empresariales, innovadores tecnológicos y científicos), cuyas esfuerzos han contribuido a distanciar paulatinamente a la sociedad contemporánea de su pasado”. La respuesta es del filósofo americano Sheldon Wolin. Él lo llama superpoder, pero encajaría perfectamente en la idea de élite tan recurrente en el lenguaje político actual.

Es una relación simbiótica, en que lo religioso, lo arcaico, aporta certezas y ayuda “a neutralizar el poder de los muchos”. El poder corporativo necesita estabilizadores para que sus procesos de cambio no descarrilen. Y en esta simbiosis se produce una transmutación doble del poder corporativo y del Estado. El primero, “se vuelve más político”; el segundo, “más orientado al mercado”. Y así se configura la verdad del momento: los mercados tienen la última palabra y no hay alternativa. “Mi poder aumenta”, dice Wolin, “si una descripción del mundo que es producto de mi voluntad es aceptada como real”. De esta realidad, emana la democracia dirigida actual, que desde 2008 ha entrado en crisis.

Frente a este superpoder, está lo que Wolin llama la democracia fugitiva, la forma de expresión política de los que no tienen ocio ni poder, que de vez en cuando dejan oír su voz. Lo hemos visto con los movimientos sociales surgidos de la indignación, que han ayudado a hacer visibles los desastres y los disparates que han producido la gran fractura social actual. Pero hay serias dudas sobre la consistencia y continuidad de estas reacciones políticas, con fondo de irritación moral. Cuando han intentado el paso a la política institucional, superado el furor de la irrupción inicial, además de las dificultades de luchar contra el rechazo que generan en el poder realmente existente, sufren para encontrar un equilibrio entre eficacia estratégica, unidad de acción y articulación de la diversidad ideológica y cultural de origen. Lo vemos estos días en Podemos.

La política es el espacio en que la libertad adquiere su dimensión pública. Y, sin embargo, es crónica la infravalorización de lo que Ulrich Beck llamaba “el poder de los impotentes”. Todo lo que viene de fuera del marco institucional es susceptible de sospecha. La activación de la ciudadanía incomoda. Y cuando alguien rompe la indiferencia se le señala como antisistema, una manera de poner una barrera entre él y el común de ciudadanos resignados, que es lo que el modo de gobernanza actual pretende producir en serie.

2. La consecuencia de ello es la sacralización de la legalidad. La libertad es la ley. Y la ley es la moral (todo lo legal es moral) Ésta es la reducción que se ha operado en las democracias desde los años 80. Una disolución del juicio moral, simétrica de la pretensión de superioridad moral de algunas sectarismos de derecha o de izquierda. Un malabarismo de la alianza entre lo reaccionario y lo progresista, que intelectuales antaño críticos defienden apasionadamente con reactivas respuestas a quienes osan cuestionarlo, como si fuera el mejor de los mundos posibles.

Se trata de una alarmante confusión de planos, que otorga a lo que es convencional —las reglas del juego convenidas en un momento dado— un valor fundamental, restringiendo pavorosamente la perspectiva crítica; que rechaza cualquier juicio moral sobre lo que es legal, beneficiando la impunidad de los excesos del poder económico (este es el sentido inconfesable de la insistente apelación a la seguridad jurídica); y que convierte en subversivo cualquier intento de cuestionar la legalidad, salvo que sea a impulso de los que mandan.

La democracia deja de ser así un régimen abierto a la libertad y a la lucha contra el abuso de poder, para convertirse en un sistema más de encuadramiento ciudadano, en que la ley no define un espacio compartido, sino un territorio de dominación. La ley no es el poder de los que no tienen poder, sino un instrumento de poder para mantener al ciudadano en unos límites estrictamente roturados, reducida a la condición de hombre unidimensional portador de intereses económicos, como único horizonte de su realización personal. Y el malestar toma la forma del rechazo al otro ante la quimera de la espiral del consumo que reduce el deseo a pura pulsión.