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La acusación popular bloquea el pacto entre ‘mossos’ y familia de Benítez

La Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos se opone a que se acuerden dos años de cárcel por homicidio imprudente

Concentración en recuerdo de Juan Andrés Benítez en Barcelona.
Concentración en recuerdo de Juan Andrés Benítez en Barcelona.

Regina Benítez solo quiere que los Mossos d’Esquadra admitan que provocaron la muerte de su hermano, Juan Andrés, al reducirle de forma violenta. Poco le importa la indemnización que pueda recibir, o la pena que la justicia acabe imponiendo a los mossos acusados por su actuación negligente. Por eso Regina, que ejerce la acusación particular en defensa de los intereses de su hermano, está dispuesta a pactar una pena de dos años de cárcel por homicidio imprudente. Lo mismo que la Fiscalía. Pero han topado con un escollo: la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos, que es acusación popular y se opone al pacto.

Ocho agentes de los Mossos d’Esquadra se sentarán en el banquillo para responder por la muerte de Juan Andrés Benítez, ocurrida la madrugada del 6 de octubre en la calle Aurora del Raval, en Barcelona. Aquella noche, la policía autonómica redujo de forma violenta a Benítez, empresario en la zona del Gayxample, que acabó muriendo poco después. Seis de los mossos están acusados de homicidio: la investigación concluyó que los golpes que propinaron a Benítez —y que mostraron las imágenes grabadas por los vecinos— fueron determinantes en su muerte.

Tras múltiples disputas, la justicia dio luz verde para que el caso Benítez pudiera tratarse como un homicidio por dolo eventual. Eso implica que, aunque los agentes no tenían intención de matar al hombre, debieron prever que reducirle de esa forma, en el suelo, podía causarle la muerte. La Fiscalía se inclinó inicialmente por esa opción y pidió 11 años de cárcel para seis de los policías. La misma tesis que mantiene la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos, que ejerce como acusación popular, una figura penal que permite a una persona o una entidad ser parte de una causa por interés público, aunque no esté directamente afectada por el caso.

Cuando la investigación llegó a su fin, las defensas de los mossos, la Fiscalía y la familia de Benítez acercaron posiciones, unos contactos que son habituales en los procesos penales. El acuerdo se fraguó a fuego lento: los mossos aceptarían que causaron el fallecimiento de Benítez por su actuación negligente y asumirían el pago de una indemnización a la familia. Serían condenados, según el pacto en ciernes, por un delito de homicidio imprudente, lo que implica una pena inferior. Las partes acordaron que la pena sería de dos años de cárcel. En la inmensa mayoría de casos, las personas sin antecedentes penales —como todos los mossos— evitan el ingreso en prisión.

La asociación se empeña, sin embargo, en que los mossos sean juzgados por homicidio intencionado. Según su página web —en la que detalla que ha pagado una caución de 1.000 euros y que sus abogados no cobran— justifican la actuación en el caso por “la defensa de los derechos fundamentales de Benítez”. Y alegan que han trabajado “estrechamente con sus amigos, entorno y con las entidades del barrio y del ámbito LGTB”. Añaden, además, que es un caso de “gran trascendencia” porque aborda “los límites de las actuaciones policiales y de su uso de la fuerza”.

El “sufrimiento” familiar

Ante la situación de bloqueo, el abogado de la mayoría de los agentes procesados, José María Fuster-Fabra, pidió que se expulse del procedimiento a la acusación popular. La Fiscalía y la hermana del muerto se adhirieron. El argumento del letrado es que, según el nuevo estatuto de la víctima, las asociaciones y entidades pueden defender sus derechos, pero siempre que sean autorizados por ellas.

El TSJC ha concluido que esa petición deberá formularla ante el magistrado que presida el jurado popular. El abogado de la Generalitat que también defiende a los mossos ya ha dado el paso. En un escrito remitido al juez, al que ha tenido acceso EL PAÍS, reconoce que hay un acuerdo cerrado y que la única parte que lo bloquea es la acusación popular. El letrado pide que se pregunte a Regina si autoriza a la asociación a ser acusaciones y, si no es así, que se la expulse para “evitar una segunda victimización”.

¿Y qué opina, a todo esto, la familia? “Quieren que se reconozcan los hechos, o sea que Benítez murió por culpa de los mossos. No quieren saber nada de cuánto tiempo van a estar en la cárcel o de la responsabilidad civil”, explica David Aineto, el abogado que defiende los intereses de Regina. A diferencia de otros casos como el de Ester Quintana —la joven herida en un ojo por una pelota de goma— el Departamento de Interior no ha llamado ni a la hermana de Benítez ni a ningún familiar para pedir disculpas.

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