La Diputación creará en abril la comisión de investigación de Taula

La comisión de investigación sobre el caso Taula en la Diputación de Valencia se iniciará en abril aunque para entonces no se haya levantado el secreto de sumario sobre el grueso de la causa judicial, según ha informado este viernes Roberto Jaramillo, vicepresidente de la Corporación provincial.

Jaramillo, que será presidente de la comisión, ha indicado que si bien la actividad de la comisión no empezará hasta que la causa no sea pública para las partes, hay elementos, como la selección de representantes políticos y funcionarios, así como la lista de comparecientes, en la que se puede "ir avanzando".

El diputado de València en Comú en la Diputación ha indicado que los servicios jurídicos de la Corporación han dictaminado que esta puede personarse como acusación en la causa judicial que dirige el magistrado Víctor Gómez desde el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. No está claro, sin embargo, que el juez acepte la petición, ya que tanto la empresa pública de la Corporación Impulso Económico Local Sociedad Anónima (Imelsa) como la propia Diputación puede acabar siendo acusadas en el procedimiento.

En la causa se investiga una presunta trama de corrupción que habría cobrado comisiones de contratos públicos cuyo importe suma centenares de millones de euros, y habría destinado parte de los fondos a financiar irregularmente al PP a nivel autonómico, provincial y local durante años. Esta trama insertada supuestamente en las altas esferas del partido habría actuado, según mantienen los investigadores, como una organización criminal.

Además de Imelsa y la propia Diputación, la comisión de investigación abarcará el resto de organismos dependientes de la misma, como Girsa y Egevasa, encargadas respectivamente de la gestión de los residuos y del agua, así como el Patronato de Turismo y el Consorcio de Bomberos. En principio, todos los partidos con representación en la asamblea provincial votarán a favor de la investigación, según han anunciado.

A diferencia de lo que sucede con las comisiones de investigación de los Parlamentos estatal y autonómico, negarse a comparecer en las que celebran las Diputaciones no conlleva la comisión de un delito de desobediencia. Jaramillo confía, sin embargo, en que la "larga lista" de comparecientes responda afirmativamente al llamamiento. Y que el PP presione, por ejemplo a los alcaldes o exalcaldes que puedan ser citados, para que comparezcan.

Sobre todas estas entidades se desarrollará igualmente una "auditoría ciudadana" para conocer la gestión del dinero público que han manejado, al menos, en las dos últimas legislaturas, aunque no se descarta que la etapa a revisar sea mayor.

Jaramillo ha adelantado que espera que en la auditoría participen profesores de la Universitat de València y de la Politécnica de Valencia y también personas vinculadas a la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda, así como en su caso expertos de otros lugares de España.

El también responsable de Transparencia en la Diputación —que preside el socialista Jorge Rodríguez y en cuyo Gobierno participan también Compromís y Esquerra Unida— ha explicado que la Corporación está ultimando el plan estratégico sobre la materia, que será expuesto a los Ayuntamientos. La Corporación ofrecerá ayuda a los Ayuntamientos para que implanten sus propios planes tal y como establece la ley.