Condenado a casi 62 años de cárcel un policía por abuso de menores

La Audiencia de Castellón ha condenado a un policía local de Burriana a 61 años y ocho meses de prisión por diversos delitos de prostitución de menores y abuso sexual, cometidos entre los años 2007 y 2014. El tribunal considera criminalmente responsable al acusado José Antonio M.M. y, aunque rebaja la petición de pena hecha por la Fiscalía –un total de 108 años de prisión-, no contempla ninguna circunstancia atenuante.

La sentencia estima que el acusado hizo prevalecer su condición de policía para contactar con los menores, ante los que se presentaba como un conseguidor. Los adolescentes procedían casi todos de familias con una situación económica precaria y muchos de ellos arrastraban expedientes administrativos por pequeños hurtos o violencia doméstica.

El ahora condenado se ofrecía para mediar ante los expediente por su condición de policía y les daba prebendas y regalos, como teléfonos móviles o pequeñas cantidades de dinero, a cambio de mantener relaciones sexuales.

En este sentido, el tribunal apunta que el perfil de las víctimas les hacía vulnerables a la sugestión de terceros e incluso fácilmente manipulables, que la situación de las familias era un obstáculo para la satisfacción de deseos de consumo, incluso modestos, de los menores y que la situación de superioridad por la condición de policía local mermaba la autodeterminación sexual de los adolescentes a raíz de los expedientes administrativos y el ingreso de algunos de ellos en centros de internamiento.

El tribunal considera que concurre una “notable diferencia” de edad entre el procesado y las víctimas (entre 31 y 35 años), que abarcaban edades comprendidas entre los 14 y los 16 años cuando ocurrieron los hechos. Esa diferencia de edad, prosigue la sentencia, supone un “inevitable desnivel de la madurez sexual entre unos y otros”.

Por todo ello, los magistrados estiman que concurren todos los apartados de los delitos de abuso sexual por prevalimiento al considerar probada la superioridad manifiesta y la consecuente coerción de la libertad de la víctima.

Además de las penas de prisión, la sentencia establece un periodo de 10 años de libertad vigilada una vez cumplida la condena, así como también impone al procesado partes de las costas del juicio, penas de inhabilitación, órdenes de alejamiento de las víctimas y un total de 116.000 euros de indemnización por daños morales y psicológicos sufridos. José Antonio M.M.se encuentra en prisión preventiva desde abril de 2014, fecha en la que fue detenido.

La defensa del procesado va a recurrir la sentencia porque considera que no se dan los requisitos que se argumentan en ella para una condena por delito de abusos sexuales, ya que según su versión hubo consentimiento de los adolescentes en algunas de las relaciones.

De la misma manera, tampoco están conformes con la cuantía de las indemnizaciones pedidas por unos daños que no consideran probados.