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La juez investiga el sindicato USOC por fraude en tres ERE temporales

La fiscalía presentó una denuncia también por malversación en subvenciones europeas

Una cuarentena de personas están siendo investigadas

Antonia Gil, exsecretaria general de USOC, en una foto de archivo.
Antonia Gil, exsecretaria general de USOC, en una foto de archivo.

La Unión Sindical de Cataluña (USOC), la tercera fuerza sindical en Cataluña después de UGT y CC. OO., está siendo investigada por diversos delitos de naturaleza económica. Entre ellos, el juzgado de instrucción número 2 de Barcelona averigua si el sindicato llevó a cabo tres expedientes de regulación de empleo temporales de manera fraudulenta. Según la denuncia presentada contra USOC, el sindicato ofreció a casi una veintena de trabajadores, en tres periodos distintos, un ERE de seis meses en los que, a cambio de que el sindicato les pagase la parte correspondiente al 100 % del sueldo, trabajaban a pesar de estar oficialmente desempleados.

La jueza investiga además diversos complementos salariales que supuestamente una docena de personas recibían en negro, de como mínimo 400 euros. Además, está en duda también el destino de algunas subvenciones europeas y de la Generalitat, que supuestamente debían destinarse a cursos de formación. Presuntamente, parte de estas ayudas podrían haberse usado para pagar sueldos de personas del sindicato no relacionadas con el área de formación.

Hasta el momento, más de 40 personas han recibido una carta del juzgado en la que se les informa de que están siendo investigadas. La causa, bautizada como Astrea, en honor a la diosa griega hija de Zeus y diosa de la justicia, ha estado durante un año y medio bajo de secreto de sumario, el tiempo en el que los Mossos d'Esquadra han investigado los presuntos delitos cometidos por la que fuese la Comisión Ejecutiva del sindicato.

La causa arranca con la denuncia de tres trabajadores, que durante seis años habían detectado una supuesta opacidad del sindicato en materia económica. Reunieron todos los elementos presuntamente delictivos que detectaron y los pusieron en conocimiento de diversos estamentos: Inspección de Trabajo, la Agencia Tributaria, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Oficina Antifraude de Cataluña, y finalmente la Fiscalía de Sabadell, que abrió una investigación. En su escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, asegura que la cúpula del sindicato podría haber cometido los siguientes delitos: contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social, un delito societario, falsedad documental, apropiación indebida y contra los derechos de los trabajadores.

La denuncia afecta a la anterior cúpula del sindicato, que dirigía entonces Antonia Gil. “No sé de qué me está hablando”, ha esgrimido Gil a preguntas de este diario, aunque sí ha admitido que llegó una carta del juzgado a la sede de USOC informándoles de que existía una investigación, aunque ha alegado desconocer las cuestiones concretas de las que se les acusa. "Somos los primeros interesados en que se investigue lo que pasó", ha explicado un portavoz de la actual dirección, que ha explicado que se pusieron a disposición del juzgado para explicar lo que fuese necesario.

USOC cambió toda su cúpula directiva en Cataluña en noviembre de 2013, afectada por graves turbulencias económicas. Entonces, una gestora se encargó de las cuentas del sindicato, bajo el mando de María Recuero, que también forma parte de los denunciados. En febrero del año pasado, Recuero fue nombrada secretaria general. .

Una cooperativa de vivienda bajo sospecha

Entre los elementos denunciados por los extrabajados y exafiliados del sindicato USOC está la cooperativa de vivienda con la que contaba el sindicato, y que creó de manera pionera para ofrecer únicamente a sus afiliados viviendas. Según la denuncia, los cooperativistas, una vez tenían los pisos, renunciaban a todo lo que de manera posterior se vendía. “Se hacían aparcamientos o locales de más, que luego se ponían en el mercado, sin que se sepa donde revertía”, aseguran fuentes cercanas al caso. Además, lamentan que nunca se votó ni se eligió quién debía ejercer la presidencia de la cooperativa, que ostentó el marido de la exsecretaria general de USOC.