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La Asamblea desoye a Cifuentes y tramitará la ley de transparencia del PSOE

El Consejo de Gobierno se había manifestado en contra del proyecto por falta de presupuesto

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha decidido hoy no hacer caso al Consejo de Gobierno, presidido por Cristina Cifuentes (PP), y el proyecto de ley de transparencia presentado por el PSOE sigue adelante. El Consejo de Gobierno había rechazado el pasado 23 de febrero tramitar la norma alegando falta de presupuesto en 2016: “Su financiación debería realizarse en detrimento de otras partidas”, justificaba el acuerdo.

Sin embargo, la Mesa de la Asamblea, con los votos de Ciudadanos, PSOE y Podemos, decidió ayer no escuchar ese argumento y que el proyecto siga su tramitación parlamentaria. Los tres grupos estuvieron de acuerdo en que se trata de una norma necesaria —propone el acceso libre de los ciudadanos a la práctica totalidad de los documentos oficiales de la Comunidad— y en que los gastos que supondría no pueden detenerla. “Constantemente se hacen ampliaciones de presupuesto. Además, se puede retrasar su entrada en vigor al año que viene”, señala el vicepresidente primero de la Mesa, Juan Trinidad (Ciudadanos).

Un portavoz del PP explica que la propuesta socialista, además de ser una copia literal de otras normas como la de Canarias o Navarra, “no desarrolla suficientemente” cuestiones como “Gobierno abierto, buen Gobierno, colaboración ciudadana o datos abiertos”. Así, el Gobierno enviará “próximamente” a la Asamblea su propia propuesta de ley sobre la materia, cuyo borrador ya está redactado y “que sí cuenta con disponibilidad presupuestaria”, añade el mismo portavoz.

“Cifuentes quiere imponer su propio modelo. Debería entender que la transparencia no tiene color político”, dice José Manuel López, portavoz parlamentario de Podemos. “Lo que está haciendo Cifuentes es una falta de respeto; esta ley ahorra dinero, porque lo que realmente le ha costado a los madrileños es la corrupción”, añade Pedro Barrero, secretario de Transparencia del PSOE de Madrid.

El proyecto de ley de los socialistas establece la creación de registros (por ejemplo, uno con el nombre de las empresas que trabajan con la administración) y que en cada uno de los brazos de la Administración se debería designar una unidad que se hiciera responsable de garantizar el acceso a los datos públicos.

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