Presupuestos e ideología

Algunos líderes de CDC insisten en que, con la actual coyuntura económica y como consecuencia de las malas relaciones con el gobierno español, no hay margen para cambiar las partidas presupuestarias de la Generalitat. Consideran que elaborar los presupuestos es un mero ejercicio técnico de contabilidad imparcial y niegan categóricamente que las leyes de presupuestos tengan, como realmente tienen, una gran carga ideológica. De este modo, los convergentes nos intentan convencer de la fatalidad circunstancial que justificó las políticas antisociales adoptadas en los últimos ejercicios del presidente Mas y ahora, para corroborarlo y para tratar de conseguir un apoyo acrítico de otros partidos, defienden un inmovilismo presupuestario y pretenden que con ERC todo siga igual.

El Tribunal Constitucional (sentencia 3/2003, de 16 de enero) señala que en la Ley de Presupuestos, exponente máximo de la democracia parlamentaria, concurren las tres funciones que el artículo 66.2 de la Constitución atribuye a las Cortes Generales: la legislativa (se trata de una ley singular de periodicidad anual), la presupuestaria (se aprueban ingresos y gastos públicos) y la de control de la acción de gobierno, porque el apoyo o el rechazo a la Ley de Presupuestos tiene una lectura política muy clara de aval o de censura de esa acción.

También en Cataluña la dimensión política de los presupuestos tiene un trasfondo ideológico de primera magnitud, además de una enorme trascendencia social y mediática. Decidir el origen de algunos ingresos (como hacer más progresivo el tramo autonómico del IRPF o el impuesto de sucesiones) y cuál será su destino (como fortalecer los pilares del Estado de bienestar y su gestión pública) es un claro indicador del ideario del gobierno de turno.

En tiempos de grandes restricciones presupuestarias, como el actual, cuando priorizar implica desatender muchas necesidades sociales, la sensibilidad política de las leyes de presupuestos todavía es más evidente y, junto a la capacidad para reducir el déficit público y estimular el crecimiento, la previsión de ingresos y gastos se convierte en un calculado proceso de destilación ideológica para la defensa de un determinado modelo de sociedad. No existe una única manera de afrontar la crisis, y los estudios comparativos entre economías internacionales (como los de la OCDE) demuestran que, desde 2008 hasta hoy, se han producido grandes divergencias en el impacto sobre las desigualdades sociales.

Cataluña no es una excepción. El gobierno de Mas, en plena crisis económica y en pleno ejercicio parlamentario de geometría variable, encontró muchas facilidades para pactar con el PP dos leyes de presupuestos que contribuyeron a desmantelar prestaciones sociales y que generaron muchas protestas ciudadanas. Ahora, a pesar de estar inmersos en una legislatura insólita, votar a favor de los presupuestos y avalar por anticipado los recursos económicos que permitan a Puigdemont desarrollar su acción de gobierno no es un acto de responsabilidad política, sino de una clara afirmación ideológica. Ello obliga a negociar, partida a partida, con las formaciones políticas a las que el gobierno desea convencer, entre las que se encuentra, como socio prioritario, la CUP.

La Ley de Presupuestos que prepara el Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda debería cambiar radicalmente el rumbo marcado por el gobierno de Mas. Con un nuevo presidente, un nuevo ejecutivo, una nueva coalición, un nuevo responsable de los presupuestos y un nuevo pacto parlamentario, se debe poder hacer frente, con un renovado marchamo ideológico, a las crecientes necesidades sociales. Para los republicanos es indispensable que la futura Ley de Presupuestos refleje las diferencias ideológicas entre el gobierno bipartito de CDC-UDC y el de CDC-ERC. Junqueras debe mostrar una sensibilidad social distinta a la de Mas-Colell y presentar una propuesta que aspire a satisfacer las políticas previstas en el plan de choque y que no siga ahondando las desigualdades sociales. ERC tiene que presionar para incluir partidas con finalidades más progresistas que permitan obtener, como mínimo, el apoyo de la CUP, como fuerza política signataria del acuerdo parlamentario con Junts pel Sí.

Aquellos responsables del gobierno que afirman que la situación financiera de la Generalitat, sumada a los gastos afectados o finalistas, no admite presupuestos con concesiones sociales ni ideológicas, están contribuyendo a un pernicioso inmovilismo. Sin duda, es urgente mejorar la situación financiera de la Generalitat de Cataluña, pero sin olvidar la dimensión política, social y ética de los presupuestos.

Jordi Matas Dalmases es catedrático de Ciencia Política de la UB.