Haciendo negocio en la sanidad pública

Hace solo unas semanas que el consejero de Salud, Toni Comín, revolucionó el sector sanitario al poner día y hora para dejar fuera de la red pública a los hospitales con ánimo de lucro. El lunes se formalizó la expulsión de la Clínica del Vallès y del Hospital General de Cataluña —ambos propiedad del grupo Quironsalud— al no renovar sus contratos, que finalizan en agosto y diciembre, respectivamente. Con su decisión, Comín aplacó las suspicacias de los actores sociales, aunque fue prudente: su promesa contra el afán de hacer negocio a costa de la salud pública se centra en los operadores hospitalarios. No mentó a los centros sociosanitarios ni a los de salud mental, que también están en la red pública. El ánimo de lucro en el Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública (Siscat) no se acaba, ni mucho menos, con estas dos clínicas. Son unos 40 los operadores con afán de lucro que todavía prestan asistencia sanitaria pública.

Comín aseguró que en el Siscat, que aglutina a todos los operadores que dan servicio público en el ámbito hospitalario, sociosanitario y de salud mental, sólo hay tres operadores hospitalarios con ánimo de lucro. Aparte de los dos que ha sacado de la lista, el consejero se refirió al hospital Sagrat Cor. El centro, también de Quironsalud, es un caso más complejo porque hace actividad ordinaria —las otras dos clínicas daban servicio de apoyo para descongestionar listas de espera—, es un hospital de referencia para parte del distrito del Eixample y su contrato termina en 2022. Comín aseguró que se está estudiando el caso para ver quién y dónde tendrá que asumir la actividad del Sagrat Cor. Sin embargo, el consejero obvió el caso de la Clínica Girona, también privado con ánimo de lucro, propiedad de un grupo empresarial gestionado por sanitarios, según su web.

Sin ánimo de lucro

Más allá del ámbito hospitalario, el grueso del afán de lucro se concentra en el área sociosanitaria y de salud mental. Allí, bajo el paraguas del Siscat, una amalgama de operadores tan amplia como la hospitalaria —fundaciones privadas, órdenes religiosas, grupos empresariales, consorcios públicos, empresas municipales— controla la asistencia sanitaria en estos dos ámbitos. Apelando a la “esencia” del modelo sanitario catalán, Comín confesó que no iba a tocar esa parte, que su decisión se centraba en operadores hospitalarios, donde históricamente no había ánimo de lucro. Sin embargo, abrió la puerta a un debate sobre el tema. “En el sociosanitario y salud mental hay muchos más proveedores privados. Esa misma tradición hace que en este caso la naturaleza de los proveedores sea más amplia. Pero si alguno quiere, podemos abrir el debate”, apuntó.

Además de los cuatro hospitales privados, el ámbito sociosanitario suma otra treintena de operadores con afán de lucro y el de salud mental, otros ocho. El grupo empresarial Hestia Alliance copa buena parte del entramado privado con una decena de centros. También la empresa SarQuaevitae controla unas cuantas clínicas. Esta última entidad también se presentó, a través de sus filiales, a los controvertidos concursos públicos para gestionar la atención primaria de varias comarcas catalanas.