El Parlament rebaja los objetivos de la ILP de la renta de ciudadanía

Las negociaciones entre los grupos parlamentarios y la comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para crear una renta garantizada de ciudadanía se iniciaron ayer oficialmente, pero los puntos de salida están muy alejados. Existe un desacuerdo muy similar al de la última legislatura, en el que el trámite se paró por el adelanto electoral. Las nuevas enmiendas revelan coincidencias entre las propuestas de Junts pel Sí y el PSC de cara a un pacto.

El texto de la ILP, que fue apoyado por 121.000 firmas y llegó al Parlament en 2014, propone una ayuda de 664 euros mensuales, en doce pagas y con complementos por personas a cargo. La familia deberá tener unos ingresos anuales inferiores al Índice de Suficiencia de Renta de Cataluña (IRSC), fijado en 7.967 euros anuales. Sería para mayores de 18 años, con un año de residencia legal y que acrediten cuatro meses sin ingresos.

Catalunya Sí Que Es Pot y la CUP habían asegurado en su día que no tocarían al texto de la ILP que entró en la cámara. A última hora, los anticapitalistas decidieron presentar enmiendas para hacerla más ambiciosa. Quieren que se quite, por ejemplo, la limitación a las personas en situación irregular. De entrada, los grupos descartan la cuantía de la ILP, pues implica destinar unos 2.600 millones de euros, el equivalente al 25% del presupuesto en Salud.

La posición de CDC y Esquerra sobre la renta eran muy distintas y las negociaciones llevaron a solicitar hasta cuatro prórrogas para alcanzar un acuerdo. Finalmente en Junts pel Sí se ha impuesto la tesis republicana de desdoblar la ayuda, algo que también propone el PSC. Con matices, ambas formaciones sugieren dos tramos: uno para las personas que no tienen ingresos —y que no necesitaría contraprestación— y otro de complementariedad de bajos ingresos, que sí necesitaría someterse a planes de integración social y laboral. La máxima ayuda que propone la coalición es de 576 euros. La preocupación de todos los grupos es cómo esta renta pueda desincentivar el mundo laboral.

“Estamos cabreados. Ha habido un proceso de bloqueo a la iniciativa desde que llegó al Parlament”, aseguró Diosdado Toledano, de la comisión promotora. Ellos temen que en el proceso de negociación se desvirtúe la propuesta y termine siendo otra prestación diferente. Los promotores tienen la potestad de retirar la propuesta si no están satisfechos con el acuerdo al que lleguen los grupos. Ciudadanos, por su parte, disminuye la cantidad a los 569 euros. El PP la fija en el 100% del IRSC del año correspondiente. En la próxima comisión de Trabajo se designará la ponencia.