La soledad de Junts pel Sí y la CUP obliga a aplazar las leyes de ruptura

La Mesa del Parlament aplazó ayer el debate sobre la tramitación de las tres leyes de ruptura, impulsadas por Junts pel Sí y la CUP. Los servicios jurídicos de la cámara desaconsejaron la semana pasada a los partidos que usaran la vía de la ponencia conjunta, reservada a leyes que la mayoría de grupos considera necesarias. Antes de desatender a los juristas, los independentistas se dan una semana de plazo para intentar sumar a Catalunya Sí que Es Pot. La confluencia de izquierdas se alinea con el resto de la oposición en contra de la tramitación.

La Mesa debía decidir ayer si hacía caso de los servicios jurídicos o apostaba por la ponencia conjunta. El informe de los juristas advertía que esa vía podía ser “arbitraria” si solo la impulsaban dos de los seis grupos de la cámara, además de añadir que las leyes (sobre el ordenamiento jurídico, la hacienda, y la seguridad social de un hipotético Estado catalán) podían vulnerar la sentencia del Constitucional sobre la declaración de ruptura del Parlament.

Junts pel Sí debatió el lunes qué camino tomar. Un sector de sus diputados apostaba por desoír los servicios jurídicos, mientras que otro planteaba que había alternativas para seguir con el trámite sin saltarse el reglamento del Parlament. La solución que encontraron fue apostar por la ponencia conjunta pero intentar que se sumara Catalunya Sí Que es Pot. La CUP aceptó, con la ondición de seguir adelante con la ponencia conjunta la semana que viene aunque la confluencia de izquierdas no quiera participar.

La tramitación de las tres leyes estaba prevista en el orden del día de la Mesa, pero ni Junts pel Sí ni la CUP (que acude a las reuniones pese a no tener derecho a voto) la plantearon. Según fuentes presentes en la reunión, dejaron que el resto de grupos rechazaran esa vía, amparándose en el informe. Incluso tomó la palabra el jefe de los servicios jurídicos del Parlament, que advirtió a los grupos de que la vía de la ponencia conjunta solo se había aplicado cuando las leyes eran sobre cuestiones básicas del Estatuto o cuando había unanimidad en los grupos. Ante tal rechazo, decidieron aplazarlo una semana.

El debate es sobre la forma de tramitar las leyes, no sobre su contenido. La ponencia conjunta implica que la iniciativa de redactar las normas es de todo el Parlament. Las alternativas son que Junts pel Sí y la CUP presenten una proposición de ley o que el Gobierno impulse su proyecto. Para Marta Rovira, portavoz de Junts pel Sí, la ponencia “no determina el proceso político de las propuestas”. La republicana desdeñó el informe jurídico apuntando que “puede contener partes de opinión y otras de interpretación del reglamento, y aconseja, pero no dice que se vulnere nada”.

Benet Salellas, de la CUP, coincidió con Rovira y lanzó un dardo a la oposición; "Quien no venga es porque se autoexcluye", advirtió interpelando directamente a Catalunya Sí que es Pot y al PSC a los que instó a participar de la redacción de las normas para hablar de los “derechos de los catalanes”.

Catalunya Sí que Es Pot protestó por la presión que recibe de Junts pel Sí y la CUP. Según su portavoz, Joan Coscubiela, intentan responsabilizar al resto de grupos por la aplicación de un plan independentista que solo defienden ellos.

Para Ciutadans, el retraso evidencia que a los independentistas “les tiemblan las piernas”, en expresión del diputado Carlos Carrizosa. Una opinión similar tiene Enric Millo, del PP, que tildó a Junts pel Sí de cobardes. Eva Granados, del PSC, defendió que el informe de los juristas es lo suficientemente sólido para que los grupos se replanteen la tramitación de las leyes.