El ‘caso Maristas’ evidencia las carencias de la DGAIA

Ni los Maristas de Sants Les Corts, ni la Fiscalía, ni los Mossos d’Esquadra notificaron a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) los casos de pederastia en ese colegio. No pasó en 2011, cuando una familia denunció ante la escuela los abusos del exprofesor de gimnasia Joaquín Benítez, ni tampoco en 2015, cuando el colegio fulminó a un monitor en prácticas que tocó a cinco niños.

Hasta 2014 el protocolo antiabusos para los colegios no incluyó la obligación de notificar los casos al Departamento de Enseñanza. Pero desde 2006, a raíz del caso Alba, se determinó que todos los abusos detectados en los ámbitos escolar o sanitario tenían que ser informados a la DGAIA. No solo en casos de certeza, sino ante sospechas. “Se trate o no de una situación de emergencia hospitalaria, el centro lo comunicará simultáneamente a la DGAIA y a la Fiscalía de Menores o al Juzgado de Guardia”, dice el texto.

Que la DGAIA fuera ignorada no es una anécdota, sino que pone de relieve el imaginario sesgado sobre su función. Su cara más conocida es la atención a menores desamparados. En el segundo trimestre de 2015 había 11.600 menores separados de su familia, 4.800 por maltrato, bajo tutela de la Generalitat. Una labor importante y polémica: sindicatos y padres han criticado el exceso de celo de algunos profesionales o las condiciones de los menores.

“Hay cierta percepción de que la DGAIA solo se encarga de la protección de los desprotegidos cuando en realidad tiene que velar por los derechos de todos”, lamenta Josep Villena, presidente de la Mesa para la Infancia y la Adolescencia de Cataluña. La DGAIA tiene el mandato legal de la política de infancia, recuerda Maria Jesús Larios, adjunta al Síndic. Aunque cada departamento tiene responsabilidades derivadas de la ley de infancia catalana y del Pacto por la Infancia, esta dependencia de Trabajo y Asuntos Sociales coordina las relaciones entre instituciones y ejecuta los 668 millones presupuestados por la Generalitat para estas políticas. Por este mandato, la DGAIA se lleva la peor parte en el informe del Síndic sobre el caso Maristas. Ribó le exige más compromiso en la difusión de los protocolos, el despliegue de la ley y que ejerza su labor de moderadora.

Larios reconoce que la DGAIA promovió el Pacto por la Infancia —el mayor acuerdo en el área social del anterior Gobierno— y certifica los esfuerzos de su dirección para darle un papel más global, que no llega a la calle. “A la DGAIA le falta proximidad. Obviamente está en contacto con los profesionales que se encargan de menores tutelados pero le falta ampliar su alcance”, agrega David Nadal, del Colegio de Trabajo Social. La línea de la Infancia Responde (900 300 777) es uno de los mecanismos para informarse y denunciar abusos. “La primera atención es muy jurídica, debería tener más elementos de acompañamiento psicosocial”.