Suspendido el juicio por la herencia “perdida” de la familia real saudí

Los reparos de la realeza y el Gobierno de Arabia Saudí a colaborar con la justicia española han obligado este miércoles a suspender el juicio previsto en la Audiencia de Barcelona contra los presuntos autores de una estafa de 6,8 millones de euros a los herederos del príncipe Saad Bin Abdul Aziz Bin Abderraman Al Saud. Reclaman la herencia presuntamente robada por Agustín González, un hombre que, a la muerte del príncipe (en 1991) vendió todos sus castillos y propiedades y se hizo de oro.

Hoy empezaba el juicio contra González (que tiene 91 años y sufre una enfermedad mental) y su mujer, de 65. Están acusados de obtener el equivalente a más de siete millones de euros por la venta de las propiedades que el príncipe había acumulado en España; entre otras, los castillos de Rocafort y Rocabruna, en el corazón de Cataluña. Y también, de vaciar sus cuentas hasta quedarse con otro medio millón de euros. De momento, la Audiencia de Barcelona ha suspendido el juicio hasta el próximo mes de noviembre y ha emplazado a la abogada de los herederos, Maria Saló, a ponerse en contacto con ellos para aclarar si estarían dispuestos a desplazarse personalmente a declarar en la vista oral.

Los herederos del príncipe ni han comparecido ni consta que se les haya citado para acudir a declarar por videoconferencia desde la Embajada española en Arabia Saudí, como estaba previsto. La respuesta del Ministerio de Justicia saudí a la comisión rogatoria formulada desde la justicia española es que, por motivos de seguridad, no se pueden facilitar las direcciones de los testigos, que además son difíciles de localizar porque "viajan constantemente".

De hecho, durante la instrucción del caso los herederos que denunciaron la estafa tampoco llegaron a declarar y se limitaron a contestar un formulario escrito que les fue remitido desde el juzgado de instrucción y cuya validez cuestionan las defensas, dado que es imposible comprobar que efectivamente fueran ellos, y no sus abogados o representantes legales, quienes lo respondieron.

A las trabas del Gobierno saudí y los reparos de los herederos a comparecer ante la justicia se suman las dificultades técnicas que entrañaría una comunicación por videoconferencia con la Embajada española en Arabia Saudí, que ya ha avisado de que en sus dependencias nunca se ha practicado ninguna.

Las defensas han anunciado ya que exigirán que el juicio se celebre aunque los herederos saudíes no puedan declarar y subrayan que estos son los primeros interesados en que el proceso siga adelante, además de tener los medios económicos para desplazarse a Barcelona a testificar si así lo exige el proceso.

También cuestionan la condición de herederos de los denunciantes, teniendo en cuenta que el príncipe fallecido se casó con cinco mujeres y que los que ahora reclaman su legado -una de sus viudas y sus respectivos descendientes- no han presentado los poderes que los acreditan como legítimos sucesores.

La historia del príncipe saudí arranca en 1976. El príncipe saudí llegó a Barcelona para operarse de la vista y se alojó en el hotel princesa Sofía, González era entonces el subdirector del establecimiento. Había nacido una historia de amor: el príncipe se enamoró de Cataluña y González, del príncipe. La “relación de confianza” entre ambos, relata la Fiscalía, fue aumentando hasta que, en 1989, el príncipe saudí dio plenos poderes a González para vender sus fincas.

En 1991, el príncipe enfermó de cáncer y viajó a Houston para recibir tratamiento. Dos años después, sin embargo, falleció en Riad, lo que según la fiscal “provocó la extinción de los poderes”. González omitió ese pequeño detalle y vendió las propiedades del saudí: dos casas en Barcelona (una de ellas comprada por el exjugador del Espanyol Iván de la Peña, que declarará como testigo) y las dos fincas rústicas -con sus castillos, masías y caballos- a una familia rusa.