La Xunta da luz verde a la ley para “desbloquear” el urbanismo de Vigo
Feijóo anuncia que esta "solución legal" incorpora un único artículo y será aprobada este mes. El Supremo anuló en 2015 el plan general de la ciudad.
El Gobierno gallego ha dado luz verde a la Ley de medidas para proyectos de especial urgencia o interés público que permitirá "desbloquear" la situación urbanística de Vigo, después de que el Tribunal Supremo anulase su plan general de ordenación municipal (PGOM). También será una vía para cualquier otro ayuntamiento que pueda verse en una situación similar, y necesite impulsar con rapidez proyectos promovidos por administraciones públicas.
Esta solución "legal", cuyo contenido ha detallado el presidente, Alberto Núñez Feijóo, al término de la reunión semanal de su Ejecutivo incorpora un artículo único y se tramitará por la vía de lectura única en el Pazo do Hórreo, donde será aprobada este mes de febrero. A partir de ahí y cuando entre en vigor, la ampliación de los terrenos para la factoría viguesa de PSA Citroën, que depende de la Zona Franca, tardará "entre cuatro y tres meses".
"Es un proceso riguroso", ha defendido Feijóo, quien ha lamentado que el "bloqueo" de AGE impidiese incorporar esta vía en la Ley del Suelo aprobada esta misma semana, pero ha reivindicado que la Xunta actúa "48 horas después". Lo hace con una solución -ha remarcado-- que "respeta la autonomía local, mantiene la exigencia de todos los informes sectoriales requeridos, incluido el de impacto ambiental, y respeta las resoluciones judiciales".
Según ha explicado, la autonomía municipal se garantiza porque será necesario un informe "preceptivo y vinculante" del Ayuntamiento en cuestión y, si éste es desfavorable, la Xunta archivará el proceso. Además, el Ayuntamiento podrá suspender las obras incluso una vez aprobado, si no se ajusta a la licencia y al procedimiento estipulado en la ley.
Asimismo, los proyectos deberán recibir todos los informes sectoriales previos que sean necesarios --incluido el ambiental-- y Feijóo ha destacado que el mecanismo no busca "evitar" las resoluciones judiciales, sino "lo contrario", ya que para que esta vía se pueda utilizar, el Ayuntamiento debe haber iniciado el procedimiento para un nuevo plan de ordenación municipal. "Son medidas garantistas para ser útiles al país", ha resumido.
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