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OPINIÓN

Mudanza en el palacio de justicia

La no renovación en el cargo del presidente del Tribunal Superior de Justicia es un cese encubierto y un aviso para el colectivo judicial que ejerce en Cataluña

El proceso para la independencia de Catalunya sigue causando victimas judiciales. A la del anterior Fiscal Superior de Catalunya, ahora hay que sumar la del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Al Fiscal se le cesó, lisa y llanamente; al Presidente de forma encubierta, aprovechando coyunturalmente su renovación por agotamiento de su mandato legal. Estamos, sin embargo, ante una destitución ya que por ley no escrita, es normal que la duración de ese mandato sea prorrogada por un nuevo periodo de cinco años, como lo demuestra el hecho de que casi siempre se ha actuado así, concretamente, el 28 de enero, al proceder a la prórroga de varios presidentes de TSJ.

Todo indica que la tramitación de la querella contra el expresidente Mas, la exvicepresidenta Ortega y la exconsellera Rigau es el asunto central de la discrepancia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que estimó que no se estaba realizando con suficiente rapidez. Examinemos por tanto, si esas “anomalías” se han producido y la participación en ellas del presidente cesado. Hay que recordar que los hechos encausados, su averiguación y calificación jurídica son distintos de los que normalmente conocen los tribunales. Se trata de actos presuntamente cometidos desde el Govern y la Administración Pública, o sea, amparados por una presunción de legalidad, dentro de un clima de enfrentamiento político y de naturaleza compleja.

La presentación de la querella ocasionó un grave conflicto en la Fiscalía Superior de Catalunya y la intervención del Fiscal General del Estado, que motivó su dimisión. Al existir otras querellas por los mismos hechos, con diversas partes, hubo que unificar el procedimiento, con el consiguiente retraso en el procedimiento principal. Su tramitación, una vez nombrado Instructor por riguroso turno legal, recayó en un magistrado no bregado, por razones bien explicables, en procesos penales. Además, durante esos meses de ralentización se anunciaron y celebraron algunos procesos electorales y es costumbre de los tribunales, para no interferir en su desarrollo y resultados, dejar en situación de descanso los procesos relacionados con aquellos.

¿Se ha pensado en CGPJ o en el Gobierno en la posible potenciación del voto soberanista si el expresidente Mas y el resto de los investigados hubiesen sido tratados de forma rápida y sumaria? La situación en Catalunya es delicada y toda prudencia es poca. Es aconsejable sin merma de la recta administración de justicia, actuar con mucho tacto y tiento para no crear focos de tensión colaterales; así, el acompañamiento popular ante el Palacio de Justicia de Barcelona en el momento de la declaración de los investigados y el comunicado de la Sala de Gobierno del TSJCat, respaldado por el CGPJ, son buena prueba de todo ello. Los poderes del Presidente del TSJCat, como componente de la Sala de lo Penal, sobre la rapidez de un proceso son muy limitados, más allá del consejo o de la orientación y siempre con respeto a la independencia del instructor. Otra cosa sería si contra su pasividad se interpusieran recursos por alguna de las partes, circunstancia que no se da en este caso.

En síntesis, tanto la presunta lentitud como la responsabilidad del Presidente encuentran una razonable explicación. ¿Cuál es el motivo de que se haya actuado con tanto rigor y severidad y sin el exigible respeto a la independencia judicial? Todo indica que si bien el perjudicado directo de la decisión es el Presidente del TSJCat, los destinatarios son otros: la Generalitat y el colectivo judicial ejerciente en Catalunya, especialmente los miembros que desempeñan cargos discrecionales y todos aquellos que ambicionan ocuparlos.

Si una persona que “en tiempos difíciles y complicados, ejerce un cargo judicial en Catalunya, con dignidad, prudencia, moderación, conocimiento y ponderación de su entorno y según su leal saber y entender, con los errores si se quiere propios de la condición humana, acompañados de una razonable explicación, es merecedor de un trato como el otorgado al cesado Presidente del TSJCat es que algo no funciona correctamente en el CGPJ, uno de cuyos principales cometidos es preservar la independencia judicial, sin la cual no existe el Estado de derecho. Es urgente que la mayoría conservadora de ese Consejo entre en un período de reflexión y estudio de la naturaleza de los jueces en nuestra sociedad democrática. Si no, apaga y vámonos.

Àngel García Fontanet fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.