“En Valencia hay pelas para todos”: Fiscalía une los casos Gürtel y F-1

“Aquí hay pelas para todos. Una pastuqui importante”. Francisco Correa, jefe de la trama Gürtel, pronunció la frase en 2007 refiriéndose a Valencia. El comentario resume una etapa marcada por la corrupción que ha desembocado en un aluvión de imputaciones en el PP de la Comunidad Valenciana. Causas judiciales con cientos de implicados que investigan el destino de centenares de millones de euros. Ahora, la fiscalía quiere conectar las mordidas de Gürtel y el caso Fórmula 1, en el que está imputado el expresidente Francisco Camps. 

La frase de Correa se refería al circuito de Fórmula 1 que se estaba construyendo en Valencia. El líder de Gürtel advertía a uno de sus subordinados que debían darse prisa para captar una parte del nuevo negocio que estaba emergiendo en la ciudad. Buscaba, en concreto, una comisión por el montaje de las gradas para los más de 100.000 espectadores de la carrera. La organización del Gran Premio, sufragada por la Generalitat, está siendo hoy investigada judicialmente. Entre los imputados por malversación y prevaricación está el expresidente Camps. Las acusaciones del caso Fórmula 1 —fiscalía y socialistas— han acordado aportar al proceso la grabación de Correa. Sospechan que el jefe de Gürtel cobró una mordida en el extranjero por la colocación de las gradas. Si el juez acepta la petición, Camps, Correa y el delegado de este en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, compartirán finalmente causa judicial.

Se trata del más llamativo de los cruces entre procedimientos por corrupción, pero no es el único. La mayor parte de las tramas destapadas por los investigadores convivieron temporalmente en el mismo entorno. El Partido Popular, que dirigió de forma mayoritaria las instituciones valencianas desde la década de los noventa hasta 2015.

15 causas en marcha

En las más de 15 causas judiciales en marcha está imputado —investigado según la nueva denominación legal— un presidente del PP de la Comunidad Valenciana, tres secretarios generales del partido en la región, tres presidentes provinciales —de Valencia, Alicante y Castellón—, así como numerosos cargos intermedios y locales. Solapándose, porque los cargos institucionales y de partido eran a menudo coincidentes, las imputaciones, procesamientos, juicios y condenas afectan a dos presidentes de la Generalitat, cuatro vicepresidentes, ocho consejeros, presidentes de las tres Diputaciones provinciales valencianas, más de una decena de diputados regionales y otros tantos alcaldes.

Algunos cargos secundarios están implicados simultáneamente en varias causas de corrupción. Es el caso de David Serra, que fue vicesecretario de Organización del PP de la Comunidad Valenciana. Serra está procesado en dos piezas del caso Gürtel, supuestamente por amañar contratos y participar en la financiación ilegal del partido. Fue detenido el 26 de enero en la Operación Taula, centrada en una red que cobró comisiones del 3% en centenares de adjudicaciones. Y su voz aparece en el sumario del caso Brugal, el gran procedimiento judicial sobre trampas en el urbanismo y la gestión de las basuras en Alicante. Serra empieza una de las conversaciones grabadas por la policía en 2009 preguntando a su interlocutor: “¿Este teléfono... podemos hablar tranquilamente?”. “Pues no lo sé”, responde el constructor Enrique Ortiz, inmerso también en varios procesos.

Los escándalos han alcanzado a dos alcaldes de Alicante. Rodean a la exregidora de Valencia Rita Barberá —el juez ha imputado a 18 concejales y exconcejales—. Y han salpicado al exalcalde de Castellón Alfonso Bataller por la Púnica. El que fue presidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, cumple prisión por fraude fiscal. Su mano derecha en la corporación será juzgado a partir del lunes por varios delitos. Y ayer se supo que el número dos en la lista del PP a las elecciones del 20-D por esta provincia, el diputado en el Congreso Óscar Clavell, ha sido procesado por una magistrada de Nules (Castellón).

Además de Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia, dos de sus vicepresidentes fueron detenidos en la Operación Taula y se les han impuesto fianzas que suman cinco millones. Un tercer vicepresidente de Rus, Enrique Crespo, está procesado por llevar a la quiebra la depuradora de Valencia (Emarsa) y ocultar presuntamente que ganó un premio de 12 millones de la lotería.