La “desconexión” legal tardaría años, según los asesores de la Generalitat

La "desconexión" de España anunciada por los partidos secesionistas para dentro de 18 meses, implantando progresivamente una legalidad solo catalana, no podría ser tan inmediata como la ha vaticinado el Gobierno catalán, sino que requeriría de un período de transición que duraría "años". Ese es el diagnóstico que hizo en 2014 el grupo de expertos de la Generalitat que redactó el Libro Blanco de la Transición Nacional y en el que pronosticaban que, en el caso de que la independencia se produjese, Cataluña viviría una situación "similar" a la que se dio en el conjunto de España durante la transición del ordenamiento legal del franquismo a la Constitución de 1978. "Parece obvio que la vigencia en Cataluña del derecho de procedencia de las instituciones españolas deberá reducirse de forma progresiva en los años sucesivos [a la secesión]", rezaba el texto.

El informe proponía que en una disposición adicional de la hipotética Constitución catalana se dejase claro que seguirían vigentes en una Cataluña independiente todas las normas españolas, siempre que no fueran contrarias a la nueva legalidad. Sin embargo, Junts pel Sí y la CUP han optado por redactar una ley de transitoriedad jurídica que fije qué normas seguirían vigentes.

Esa es una de las tres leyes de ruptura —transitoriedad jurídica, seguridad social y hacienda—, previstas en la declaración independentista del 9-N que anuló el Tribunal Constitucional, cuya tramitación fue anunciada este miércoles. Las tres están pendientes de que la Mesa del Parlament apruebe la creación de las ponencias correspondientes, pero también del recurso que pueda interponer el Gobierno en funciones del PP.

"Cierta complejidad"

El capítulo La sucesión de ordenamientos y administraciones del Libro Blanco de la Generalitat advierte también de que muchas de las normas españolas que siguieran vigentes en Cataluña tras la independencia continuarían siendo aplicadas por instituciones situadas fuera de esta comunidad, "cuestión que podría generar una cierta complejidad en la transición". Por eso se insiste en que sería necesario "adoptar alguna disposición normativa específica" con esos organismos.

Es el caso del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, el Consejo Económico y Social o las Comisiones Nacionales del Mercado de Valores o de la Competencia. Las funciones que ejercen, dicen los expertos, podrían ser traspasadas a organismos de ámbito catalán que ya funcionan, pero sería necesario dejarlo bien claro.

Los expertos admitían en ese informe, sin reparos, que la independencia provocaría la marcha de jueces, fiscales, notarios, inspectores de trabajo o de hacienda, entre otros funcionarios del Estado, pero restaban importancia a la situación y sostenían que se podrían suplir sin demasiadas complicaciones. El ahora senador de Esquerra Republicana, el exjuez Santiago Vidal, ya intentó en su día, por ejemplo, reclutar magistrados para cuando llegase la secesión, durante los meses en que fue nombrado cargo de confianza de la Generalitat.

Con todo, advertían los expertos, resulta "muy importante" la función de los jueces y fiscales para asegurar la "continuidad normativa e institucional". Por eso, añadían, "durante los años posteriores a la independencia los tribunales de justicia irán concretando el derecho aplicable a la nueva realidad".