Arraiz declarará como imputado por pedir dar “jaque mate” a la Guardia Civil

El presidente de Sortu, Hasier Arraiz, ha sido citado a declarar como imputado el próximo 17 de febrero ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por un delito de injurias al pedir dar "jaque mate" a la Guardia Civil tras la detención de un grupo de abogados de presos de ETA el 12 de enero del año pasado.

Según el auto del juez instructor, los hechos relatados en la querella presentan los caracteres de un delito de injurias contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Arraiz afirmó ese día en una rueda de prensa que la sociedad vasca debe dar "jaque mate" a la Guardia Civil y pidió que se fuera de Euskal Herria. Dos días después, también ante los periodistas, aclaró sin metáforas que en Euskadi la única violencia era la del Estado español y la "única amenaza violenta" era la Guardia Civil y el resto de cuerpos "represivos".

La asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia se querelló contra Arraiz y la demanda fue admitida a trámite. El magistrado pide a los servicios de Información de la Guardia Civil y de la Ertzaintza que emitan informes que corroboren la realidad de los hechos denunciados, así como sobre la "reivindicación histórica por parte de la organización terrorista ETA de expulsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de la comunidad autónoma del País Vasco y de la de Navarra".

Asimismo, les solicita informe sobre la "persecución y asesinatos que dicho cuerpo de seguridad (Guardia Civil) ha sufrido por parte de dicha banda armada durante los sesenta años de su existencia".

Ante la citación, Sortu ha difundido un comunicado en el que se reafirma en el mensaje que ha motivado la imputación de Arraiz. La formación abertzale insiste en que la Guardia Civil y la Audiencia Nacional "son herramientas de excepción en este país" y considera que su papel es "nocivo desde el punto de vista de la protección de los Derechos Humanos y políticos, por lo que deben desaparecer de Euskal Herria".

Sortu ha indicado que la citación de Arraiz vulnera "el derecho básico a la libertad de expresión" y muestra que "se está judicializando la política disidente". "En el Estado español existe una persecución ideológica contra la disidencia desde las instancias policiales y judiciales y nos remitimos a los hechos", añade la nota de la formación.